Opinión

Lo sensato

Para el Tribual Constitucional, lo sensato es esperar a que el Consejo General del Poder Judicial designe a los dos magistrados que le corresponden para que, como en otras ocasiones, la renovación de cuatro de ellos del Alto Tribunal, pendiente desde hace seis meses se produzca como en las anteriores ocasiones, por tercios, como indica la Constitución y ha sido la norma, aunque hay juristas que avalan la decisión de que el Gobierno presente los suyos sin esperar al órgano de gobierno de los jueves.

La razón del Gobierno para proponer al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la ex directora general de Asuntos Constitucionales de la Moncloa, Laura Díez, para que el Tribunal Constitucional decida sobre su idoneidad profesional -sobre la que no hay dudas en el mundo judicial- es el hartazgo con la rebeldía del sector conservador del CGPJ, que lleva medio año poniendo excusas para no cumplir la ley. Excusas variadas y cambiantes al socaire de las decisiones políticas del Ejecutivo que no comparten y que van desde decir que no encontraban candidatos que quisieran incorporarse al Tribunal Constitucional -ahora cuentan con media docena de ellos- a que no se les ha pedido informe sobre la desaparición del delito de sedición, además de haber jugado a su antojo con el calendario para retrasar el cumplimiento de su obligación.

Es decir, que lo sensato es que el CGPJ hubiera cumplido la ley, no solo la que les obliga a nombrar a los magistrados del TC, sino que hubieran presentado ya su dimisión para forzar su renovación, aunque en este caso la sensatez también incumbe al Partido Popular que se siente cómodo con la composición actual tanto del órgano de gobierno de los jueces como del TC, con mayorías conservadoras, aunque ambas instituciones se encuentren demediadas, en el caso del CGPJ porque no puede nombrar a altos cargos en los órganos jurisdiccionales, y el TC, en otro rasgo de sensatez, porque no considera idóneo abordar los asuntos pendientes con un tercio de sus componentes con el mandato caducado.

Tampoco es muy sensato que el Gobierno haya elegido para el TC a dos personas de las que no se cuestiona su valía, pero sí su procedencia, máxime cuando uno de los puntos del fallido acuerdo para la renovación del CGPJ del que se echó atrás el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, presionado por el ala dura de su partido, iba en la línea de acabar con las puertas giratorias entre cargos políticos y judiciales. La decisión del Gobierno suena a reacción por ese intento fallido, y en cierto modo también a revancha por la elección que realizó el PP, en época de Pablo Casado, en la anterior renovación de un tercio de magistrados del TC, con los nombramientos de Concepción Espejel y Enrique Arnaldo.

Lo sensato sería que todos los implicados en el proceso de renovación del Constitucional dieran muestra de respeto y que fueran capaces de evitar nuevo conflicto institucional.

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