Opinión

Manos a la obra

El paro en el mes de octubre ha crecido en 79.000 personas como consecuencia del fin de los contratos de la temporada veraniega y enlaza ya tres meses consecutivos de subida, aunque sea menor que otros años y esa circunstancia apuntale la tendencia en la reducción del desempleo. Pero el dato objetivo es que los parados registrados vuelven a superar los 4,5 millones, y que en los diez meses del año el paro se ha reducido en 179.000 personas, lo que da idea del tiempo que ha de pasar hasta llegar a una situación que pudiera acercarse a la del pleno empleo. De forma paralela la afiliación a la seguridad social ha crecido un magro 0,17% que supone que el mercado de trabajo se encuentra con un crecimiento limitado, mientras que la protección de los desempleados vuelve a bajar porque los parados de larga duración dejan de percibir el subsidio.

El desempleo sigue siendo el gran problema de la economía española, como acaba de señalar nuevamente la Comisión Europea, que además ha rebajado las previsiones de crecimiento de la economía española para el próximo año en tres décimas respecto a la previsión del Ejecutivo, como consecuencia de los malos datos que se prevén en la Unión Europea con la locomotora gripada, con serias dudas acerca de que España pueda cumplir el objetivo de déficit público para 2015 y con un paro superior al 22% hasta 2017. 

Este pesimismo europeo contrasta con el análisis de situación que han realizado los 18 grandes empresarios que conforman el Consejo Empresarial para la Competitividad, que ha expuesto su fórmula para rebajar el paro hasta un 11% en un periodo de cuatro años, con medidas que considera “viables y factibles”. La primera es toda una declaración de intenciones: aflorar los 800.000 puestos que estima la CEC que existen en la economía sumergida. Nada más fácil, hagan pedagogía entre los empresarios y convénzales de que regularicen su situación antes de que lleguen los inspectores de trabajo -que tienen que aumentar para perseguir a los defraudadores y esta es su segunda gran aportación-, a los que de forma simultánea proponen que se incentive fiscalmente para que afloren esos puestos de trabajo.

Llevan razón los grandes empresarios cuando apuntan que una cualificación especializada crearía 200.000 nuevos puestos de trabajo; pero resulta que la formación dual no acaba de despegar porque los empresarios no la financian adecuadamente y las empresas son demasiado pequeñas. Y otro millón se podrían crear mediante la internacionalización de las empresas o sus inversiones en I+D+i. ¿Por qué no lo hacen? 

El resto de las medidas que proponen son las evidentes: vuelta de tuerca a la reforma laboral, vuelta de tuerca a la reforma de las pensiones para favorecer los fondos de pensiones, privatizaciones e inversiones en infraestructuras que sí son fallidas ya las pagará alguien, al mismo tiempo que se pide la reducción del gasto público y por supuesto rebajas fiscales, sin hablar nada de erradicar las prácticas de ingeniería financiera que realizan para pagar menos impuestos. En fin, puesto que los grandes empresarios saben lo que hay que hacer para crear empleo y acabar con el fraude laboral, nada mejor que se pongan manos a la obra, al menos en aquellos ámbitos que dependen de su responsabilidad.

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