Al formalizarse el pacto por el que se daba luz verde al gobierno de coalición, ambas partes pusieron énfasis en que se esforzarían por salvaguardar la unidad de los mensajes, con el establecimiento de mecanismos de coordinación que evitarán las discrepancias en público dada la distinta cultura política de la que procedían, y tenían, el PSOE y Unidas Podemos. Los primeros brotes de discrepancia, surgieron cuando el Gobierno de Pedro Sánchez apenas había comenzado a andar y, tras colgarse las medallas de las dos primeras medidas de gran impacto social, tuvo que dar respuesta a asuntos sobrevenidos en los que las diferencias de criterio eran abismales. De estos primeros encontronazos quedó la sensación de que eran Pablo Iglesias y los suyos los que salían fortalecidos y los socialistas los que cedían.
Ni la reunión del Gobierno en pleno en Quintos de Mora en una jornada de confraternización, ni el deseo de “anticiparse” a los posibles conflictos que pudieran darse entre ministerios, para no ofrecer una imagen de desunión, han servido a la hora de la verdad para tratar de ocultar el encontronazo entre la titular del Ministerio de Igualdad, Irene Montero, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que con anterioridad tenía estas competencias, y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a propósito del anteproyecto de la Ley de Libertad Sexual.
A este respecto han colisionado dos formas de actuar en política. Unidas Podemos lo ha hecho motivado por la urgencia de tener la ley pasada por el Consejo de Ministros antes del Día de la Mujer, para trasladar su concepto de feminismo a una norma, y ha dado muestras de bisoñez a la hora de armar el encaje legal, un defecto que tuvieron que aprender a subsanar hace unos pocos años cuando entraron por primera vez en las instituciones. El informe del Ministerio de Justicia sobre las alegaciones presentadas al texto de Igualdad es demoledor acerca de cómo no se debe hacer una ley. En cualquier caso a la Ley de Libertad Sexual le queda un largo periplo de tramitación por órganos constitucionales y parlamentarios de los que puede salir una norma adecuada y eficaz.
La ministra Irene Montero, al dar cuenta de las líneas generales de la ley, trató de ceñirse al guión y minimizó la polémica interna acogiéndose al secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros, pero en un gesto ¿machista? la intervención en su defensa del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, lejos de apaciguar el ambiente lo encendió al considerar que se habían utilizado “excusas técnicas” por parte de algún “machista frustrado”, en alusión directa al ministro de Justicia, lo que ha originado otra oleada de reacciones.
En efecto, los choques entre los dos socios de gobierno se suceden con mayor frecuencia y con mayor intensidad cuando aún no se han cumplido los dos meses desde la investidura de Pedro Sánchez. Primero fue por la decisión den inmigración de endurecer la ley de asilo y sus dudas sobre las devoluciones en caliente avaladas por el TEDH, y ahora sobre la Ley de Educación y que no se suspendan la subvenciones a los centros que segregan por sexo, o por la decisión del Gobierno de recurrir al Supremo la sentencia sobre la indemnización a la familia del cámara José Couso. El Gobierno está pidiendo a gritos otra reunión en Quintos de Mora.
