Opinión

Mesura y eficacia

Ha pasado casi un mes desde que el 1-O tuvo lugar un referéndum ilegal, sin garantías democráticas, sin validez jurídica alguna, que ha servido de coartada a los independentistas para aprobar la declaración unilateral de independencia de Cataluña respecto a España.

La consumación de la secesión por parte del Parlamento de Cataluña, aunque no tengan ningún  reconocimiento internacional, salvo alguna anécdota, tendrá las consecuencias legales previstas en las leyes y las políticas diseñadas en la Constitución que los catalanes votaron en mayor medida que sus propios estatutos de autonomía. La República catalana recién nacida apenas tendría unas horas de vida.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido a restaurar la democracia y los derechos y la legalidad en Cataluña “con mesura y eficacia”. Ese es el reto del Gobierno ante una situación inédita en todos los órdenes y en las que el Ejecutivo tiene que desbrozar un camino legalmente incierto en el que se puede encontrar con una fuerte resistencia de los sectores independentistas catalanes, cuya reacción no se puede obviar, a pesar de los llamamientos del presidente catalán a mantener una actitud cívica y pacífica.

Las imágenes en el Parlament catalán tras aprobarse la DUI y en el Senado tras aprobarse las medidas solicitadas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la CE para intervenir la autonomía catalana eran reveladoras. En la Cámara Alta no se produjo ni un solo aplauso o muestra de satisfacción dada la gravedad de su decisión, que pone en sus manos el control de la acción del Gobierno en Cataluña. En el Parlament las muestras de alegría no podían ser más falsas o cínicas entre los principales dirigentes. Salvo las de los representantes de la CUP, un partido antisistema,  que habían logrado su desiderátum, poner boca abajo dos Estados, el real, el legal, el reconocido y reconocible; y el ficticio, el neonato de pocas horas de vida. Los miembros del Govern y la presidenta del Parlament sabían que les quedaban pocas horas en el cargo, pero haciendo de la necesidad virtud y a sabiendas de que decidían en contra de más de la mitad de los catalanes, se daban ánimos, cantaban su himno y preparaban una hoja en blanco de su libro para escribir una nueva entrada en el capítulo del victimismo, que comenzarán a escribir tras la última reunión del Consejo de Ministros.

Es de esperar que en este último mes el Gobierno haya aprendido de sus errores en el 1-O y, en efecto, las medidas para restaurar la legalidad se apliquen con los criterios anunciados por Mariano Rajoy. No puede poner en cuestión la fuerza de los argumentos legales y democráticos por la aplicación del argumento de la fuerza, y debe recordar que si algún signo define el carácter del régimen del 78 es el de la reconciliación, el pacto y la búsqueda de la concordia. Y el ir de la ley a la ley.

Se abre un periodo de incertidumbre que solo tiene un fin, la aplicación de la intervención de la autonomía catalana para restaurar la legalidad en Cataluña. Los independentistas, con sus mentiras, falseamiento de la realidad y la ruptura de la convivencia entre los propios catalanes y la zanja que han cavado con la sociedad española, no han convencido a nadie en la comunidad internacional. Se han quedado solos en el mundo. Y considerada Cataluña lo que es: una parte de España, el único interlocutor que reconocen el resto de países.

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