Opinión

Muerte en la línea azul

Pese a que el Consejo de Seguridad de la ONU, en el que se sienta España, considera que la muerte del cabo Francisco Javier Soria en su puesto de vigilancia en la Línea Azul, que se extiende a lo largo del sur del Líbano para evitar enfrentamientos entre los terroristas de Hezbolá y el ejército israelí, fue debida a “un intercambio de fuego”, la responsabilidad de estos últimos en el fallecimiento del militar español parece evidente desde el primer momento, aunque la refriega fuera originada por miembros de la milicia chií libanesa. 

El Ejército israelí conocía perfectamente las coordenadas del puesto de vigilancia en el que se encontraba el militar español y aun así no tuvo inconveniente en disparar primero, y luego entorpecer su evacuación. El ministro de Exteriores español, José Manuel García–Margallo ha afirmado que “no le temblara la voz” para exigir las responsabilidades que sean necesarias”. Pero la reacción de su homólogo israelí, Avigdor Lieberman, culpando a la milicia a Hezbolá y al gobierno libanés por haber iniciado el ataque no hacen presagiar que este suceso se vaya a aclarar con rapidez. El Gobierno de Israel no suele admitir la responsabilidad de sus militares en ese tipo de acciones que consideran de legítima defensa aunque tengan un carácter sumamente desproporcionado. 

La propia guerra del Líbano que llevó a la ONU a incrementar el contingente de la misión UNIFIL en la frontera entre ambos países en 2006, y las acciones sobre Gaza son ejemplos de esa forma de actuar. Y la primera reacción del Consejo de Seguridad, tampoco hace albergar muchas esperanzas de que la acción de Israel vaya a tener consecuencias para este país, a pesar de que los primeros informes realizados sobre el terreno indican que la muerte del cabo español se produjo por la respuesta procedente de territorio israelí.

Salvando las distancias, es muy posible que nos encontremos con un caso similar al que costó la vida al cámara José Couso, y si se identifica a los autores del lanzamiento de las granadas contra un militar que debe gozar de especial protección por la misión que realiza, es casi imposible que acaben ante un tribunal.

España se incorporó a esta dilatada misión de la ONU tras la guerra mencionada, en la primera oportunidad que tuvo para volver a participar en una operación internacional, tras la retirada de las tropas de Iraq ordenada por el presidente del Gobierno Rodríguez Zapatero, con el envío de más de mil militares. Un compromiso que permitió que, por primera vez, un general español estuviera durante dos años al frente del conjunto de una misión de la ONU que le ha costado a España la vida de catorce militares. A partir de 2012, como consecuencia de la crisis económica, el Gobierno redujo el contingente prácticamente a la mitad.

La de UNIFIL es una operación compleja, que no está directamente relacionada con la prevención del terrorismo yihadista, en la que los cascos azules reciben críticas por ambas partes. Israel les acusa de no hacer lo suficiente para evitar los ataques esporádicos de la milicia chií y esta les considera ocupantes de su territorio, y la situación se ha complicado aún más por el apoyo de Hezbolá al régimen de Bashar el Assad.

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