Se quejan los dirigentes del Partido Popular de lo lento que avanzan las investigaciones en los casos de presunta corrupción política que les afectan –Gürtel, Bárcenas…-, del mismo modo que lo hacen los socialistas con aquellos que les incumben –ERE, cursos de formación…- por la complejidad de los sumarios y por otras cuestiones relacionadas con la personalidad de los jueces y sus intereses más o menos confesables. Quien mejor ha venido a recoger esta inquietud de los partidos ha sido el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, al afirmar que “la ley procesal está hecha para el ‘robagallinas’ y no para el defraudador”. Y puede entenderse “defraudador” en un sentido amplio, en relación a todos los encausados por delitos que tiene que ver con la corrupción.
Atribuir a la más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal –cuya reforma es la asignatura pendiente que dejan todos los ministros que pasan por el caserón de la calle San Berrnardo- las dilaciones en la instrucción de estos asuntos es solo una parte del problema, pero sus efectos negativos podrían paliarse dotando de más medios a los jueces que investigan ese tipo de delitos, que todo los partidos tratan de obstaculizar y dilatar en el tiempo, de forma que al cabo de un tiempo la mayoría de los ciudadanos se han perdido por los vericuetos de la investigación.
Las protestas por la lentitud de la justicia son recurrentes, pero los partidos tienden a dar políticamente por amortizados los casos de corrupción que les afectan cuando pasan unas elecciones del tipo que sean, y los consideran cosa juzgada por los electores aunque los jueces sigan hurgando en sus entrañas. Así ha sido hasta ahora, cuando los casos de corrupción se veían como un elemento más del paisaje y se veían pasar como los árboles desde el tren. Pero la crisis ha acentuado el carácter crítico de la ciudadanía, en especial con aquellos asuntos en los que la conducta es más sangrante y sus protagonistas más relevantes dentro del organigrama de su partido. Por ese motivo cunde la sensación, especialmente entre los dirigentes del partido que sustenta al Gobierno, que están en el ojo del huracán por las actuaciones de dos jueces de la Audiencia Nacional que estrechan el cerco sobre varios de sus dirigentes históricos, que en esta ocasión los casos que les afectan si pueden tener unas consecuencias negativas y ocultar el discurso de la recuperación económica, al que el PP ha cifrado buena parte de sus esperanzas de repetir los éxitos electorales que se han sucedido desde que empezó la crisis.
Abrir las páginas de los periódicos es asomarse a un pozo de corrupción en el que los jueces tratan de desentrañar las marañas delictivas urdidas desde el poder o a la sombra del mismo, con el paradigma de las investigaciones abiertas sobre todos y cada uno de los integrantes del “clan Pujol” donde se mezclan el pago de comisiones ilegales, la elaboración de informes falsos, contrataciones fraudulentas, tratos de favor…
Lleva razón Carlos Lesmes: no se trata de “robagallinas”, pero cuando la Justicia quiera caer sobre ellos, si lo merecen, ya se habrán olvidado las causas porque otros casos habrán ocupado su lugar si los partidos no se toman en serio sus promesas de regeneración.
