La esperanza es que el nuevo Gobierno que ayer tomó posesión se dedique a ocuparse de los problemas de los ciudadanos, y que el periodo de interinidad vivido desde hace diez meses dé paso a una cascada de decisiones que han estado paralizadas, lo que no significa que se permita su adopción con suficiente rapidez y sin generar tensiones añadidas. La debilidad parlamentaria del Ejecutivo de coalición le hará depender de las negociaciones y complicidades que sepa armar internamente y con los grupos que le han de prestar sus votos, con lo que se vuelve a entrar en una etapa de geometría variable para alcanzar acuerdos que se traduzcan en leyes.
El primer gobierno de coalición de la democracia, con dos partidos de izquierdas como protagonistas tiene el reto de ser eficaz, de durar, de no enredarse en líos internos, de procurar un periodo hábil para desarrollar las reformas necesarias y el aumento de derechos y libertades, hasta que llegue el momento de romper lazos para preparar las próximas elecciones generales. Tanto para el PSOE, como sobre todos para Unidas Podemos, el nuevo Gobierno es una oportunidad histórica para cerrar heridas y para demostrar que los avisos preventivos sobre la ruptura de España, el declive económico, los ataques a la Constitución, e incluso de la figura del rey, eran infundados.
Pedro Sánchez ha configurado un Ejecutivo –el más numeroso de la democracia- que combina ortodoxia económica con compromiso social. Como ya hiciera el expresidente Rodríguez Zapatero, la gestión económica queda en manos de responsables avalados por su gestión y el respeto de las instituciones europeas, pero que puede entrar en contradicción con los incrementos de gasto que supone la decisión de revertir desde el punto de vista social las consecuencias de los recortes provocados por la crisis. Esta será la cuadratura del círculo de la acción de Gobierno. La socialdemocracia vuelve a apostar por una visión liberal de la economía que espera compensar con las leyes que permitan incrementar los derechos sociales y desarrollar la agenda verde, abordar el reto demográfico, o la digitalización, aspectos de tanta relevancia que están en manos de los responsables de las vicepresidencias.
En efecto, no va a quedar más remedio de que esta sea la legislatura del “diálogo social, territorial y generacional”. Si se establece de forma sincera esa forma de hacer política se puede recuperar el tiempo perdido en los últimos cinco años. Porque la geometría variable no solo afecta al Gobierno sino también a partidos que se dicen liberales por un lado, o de izquierdas por otro. Ciudadanos puede desempeñar un papel esencial si quiere librarse del intento de fagocitarlo que ha iniciado el PP y marcar territorio propio, mientras que el debate sobre Cataluña debe reconducirse una vez que ERC ha desechado la vía unilateral. Pedro Sánchez y Carmen Calvo, que han asumido la responsabilidad de encauzar este asunto se la juegan políticamente, mientras que la oposición tiene la responsabilidad de no bloquear la renovación de órganos constitucionales.
Cierto que la primera decisión del Gobierno, el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, tras salir del Ministerio de Justicia, contribuye a irritar a la oposición y no es una buena forma de tratar de rebajar la crispación que se va a producir.
