Cuando comenzaron a surgir las primeras discrepancias entre los dos socios del Gobierno de coalición, al comienzo de la legislatura, se atribuyeron a la falta de experiencia en este tipo de Ejecutivos a nivel nacional y se pretendía solventar esas disfunciones en la comisión de seguimiento del pacto entre ambos partidos, con retiros espirituales del Gabinete o más aún en conversaciones privadas entre Pedro Sánchez y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. A partir de determinado momento ninguno de las dos partes del Gobierno se preocupa ya de disimular las malas relaciones entre algunos ministros por las distintas posiciones sobre asuntos clave, o incluso contraprogramando con enmiendas o declaraciones los propios acuerdos del Consejo de Ministros.
En este sentido la deslealtad de Unidas Podemos es manifiesta a la hora de atribuirse todas las decisiones de carácter social emanadas del Ejecutivo, porque se las ha impuesto a la parte socialista que las aprueba a remolque de sus propuestas. Que las discrepancias se hayan acentuado justo cuando acaban de aprobarse los Presupuestos Generales del Estado de forma definitiva, que son la argamasa que permitirá levantar el edificio de todo lo que resta de legislatura no es tampoco una casualidad, pero en esta tesitura comienza a ser aventurado pronosticar que vaya a llegar a su término si ambos partidos no abandonan la guerra de guerrillas.
Donde desde el PSOE se dice que ha llegado la hora de Pedro Sánchez para marcar los límites a la acción de Pablo Iglesias, desde Unidas Podemos advierten de que no habrá tregua en la presión al propio gobierno del que forman parte mediante los mismos métodos que un partido de oposición, de tal forma que seguirán empleando la ley el embudo, la de arrogarse los éxitos y criticar al Gobierno cuando deba cumplir con los compromisos con Bruselas, que es otra de las partes esenciales vigilantes de la acción de Gobierno, sobre todo cuando provee de fondos que son esenciales para que la protección del escudo social contra la pandemia se mantenga.
El PSOE va a tener siempre las de perder cuando se trata de realizar políticas en las que hay que conjugar muchos intereses con sentido de Estado, bien debido a falta de reflejos sociales, -desahucios y suministros esenciales-, bien porque mantiene tics del pasado bipartidista, bien porque le resulta muy difícil hacer llegar sus mensajes cuando los de Podemos son muy simples y tiene unos destinatarios que quieren ver reflejado en normas que el gobierno tiene un talante progresista. El PSOE pierde la batalla de la opinión pública sin encontrar otros respaldos cuando regatea una subida de nueve euros del Salario Mínimo Interprofesional, cuando pretende aumentar los años de 25 a 35 para fijar las pensiones, lo que supondrá una merma de la retribución, o cuando negocia vis a vis la renovación del CGPJ con los populares, porque siempre ha habido vocales de la izquierda y nacionalista en su seno, reflejo de la pluralidad del Parlamento y del pacto con los socios de legislatura.
Pero tampoco Unidas Podemos saca rentabilidad electoral a sus propuestas porque se le ve de forma muy descarada sus maniobras y porque introduce debates que no se encuentran entre las prioridades de la gente, aunque se encuentren en su ADN ideológico.
