Entre un golpe de Estado como ha sido la calificación de la fiscalía de un “procés” independentista comenzado el 6 y 7 de septiembre y la detención de sus presuntos autores y la fiesta de la democracia como estos mismos calificaron la celebración de un referéndum ilegal prohibido por el Tribunal Constitucional pero que se empeñaron en realizar por el mandato imperativo del pueblo de Cataluña, hay mucho trecho. Tanto que finalmente no se sabe si hubo o no una Declaración Unilateral de Independencia con validez política y jurídica o si fue un fuego de artificio, después de la cual se detuvo a sus inspiradores
Si lo que ocurrió en los meses de septiembre y octubre de 2017 en Cataluña fue una rebelión o una sedición es una cuestión a dilucidar por los jueces del Tribunal Supremo con las armas de derecho, con su interpretación de los artículos del Código Penal y la jurisprudencia aplicable. Rebelión o sedición, con el debate sobre el uso de la fuerza, lo cierto es que en Cataluña se trató de subvertir el orden constitucional y que de una u otra forma se intentó sustituir un orden jurídico por otro por aquellos que no tenían autorización ni capacidad para hacerlo.
No era objeto del juicio, como sobre tantas declaraciones, consideraciones o explicaciones que han tratado de dar acusados y testigos se ha manifestado el presidente del Tribunal, Manuel Marchena, pero aún sigue sin aclararse cómo se pudo llegar a que los colegios convertidos en centros electorales, contaran con urnas y papeletas, cómo se pudo cometer un fallo de inteligencia tan evidente y cómo se orquestó una actuación policial tan nefasta sabiéndose como se preveía que los Mossos D'Esquadra, por mucho que su jefe dijera que estaban con la Constitución mantuvieron una actitud de pasividad casi absoluta. Si el 1-O no se hubiera celebrado, como se había comprometido el Gobierno de Mariano Rajoy, la historia de este país en los dos últimos años habría sido bien distinta.
Pero no se puede llorar sobre la leche derramada. El juicio del “procés” se ha desarrollado de forma impecable con transparencia absoluta, con lances procesales que no tendrán mucho recorrido en instancias europeas en el caso de que quieran ser utilizados contra la sentencia y prolongar así el juicio a la democracia española que han pretendido las defensas de los acusados. Por mucho que lo han intentado ha quedado demostrado que no se trata de una causa general contra el independentismo ni que se juzgaban delitos de opinión, sino actuaciones que van contra el ordenamiento jurídico. De hecho varios de los encausados se han presentado como candidatos en todas las elecciones celebradas en los dos últimos meses por cuanto todavía no han perdido sus derechos civiles. Y entre tanto, Estrasburgo ya ha dado dos revolcones a las pretensiones de los presos independentistas.
Sobre lo que existen menos dudas es sobre su condena por desobediencia, admitida incluso por las defensas y por malversación después de la contundencia de las peritos de Hacienda. Apenas acabado el juicio y con la sentencia por dictar ya sobrevuela la polémica de lo que ocurrirá el día después, si habrá o no indultos y cuándo. Rebelión o sedición, lo ocurrido en Cataluña ha sido tan grave que el Estado tiene que adoptar cuántas medidas sean necesarias para evitar su repetición y ponerse manos a la obra para resolver este expediente por vías políticas.
