Está en el manual del perfecto delincuente, o presunto delincuente, comenzar por negar las evidencias o los indicios, tratar de desprestigiar la investigación y, por último, intentar ningunear al juez. Tratan de luchar contra los elementos y para eso no dudan en utilizar todos los instrumentos que un sistema judicial muy garantista pone a su disposición.
De hecho la presencia ante el juez Ruz de los cabecillas de la trama Gürtel ha obedecido a la obligación de preservar su derecho de defensa y cada uno de ellos lo ha aprovechado -o desaprovechado- a su conveniencia de acuerdo con su estrategia de defensa, aunque básicamente todos han coincidido en la aplicación de una u otra forma de las líneas generales marcadas en el manual de referencia.
Dos de los cuatro principales inculpados en la trama Gürtel, Francisco Correa y Álvaro Pérez se han negado a declarar ante el juez por ‘perdida de confianza en la Audiencia Nacional; el miércoles el ‘número dos’, Pablo Crespo, dijo que la UDEF fabula, y presumiblemente hoy el contable José Luis Izquierdo seguirá la misma línea del no sabe no contesta. Mientras, Luis Bárcenas pide y no obtiene que le dejen en libertad y ofrece mayor colaboración con el juez al que ofrece nuevas pistas para que indague, y mantiene la tensión sobre lo que presuntamente todavía sabe y oculta y puede contar en el momento procesal o político que le convenga.
Con estos procesos que se prolongan tanto en el tiempo siempre ocurre lo mismo, que se eternizan porque a las maniobras de las defensas se une la necesidad del juez instructor de ser sumamente escrupuloso para no dejar ningún cabo suelto ni resquicio por el que se pueda ir al traste el trabajo realizado durante años. Que los inculpados se quejen de las dilaciones es lo habitual, a pesar de que sean ellos quienes, con su escaso espíritu de colaboración con la justicia alarguen la causa. Más prisa tienen las víctimas colaterales en el sumario, en este caso el Partido Popular, porque cada vez que se habla del caso Gürtel sale a relucir la nómina de cargos de la organización que han tenido que abandonarla por su implicación en la trama, por recibir dádivas o ser facilitadores de su actividad ilegal, por la convulsión interna creada, y sobre todo porque quieren demostrar que en ningún caso se han producido episodios de financiación ilegal ni del partido ni de las campañas electorales. Una vitola que todavía puede exhibir frente a otros partidos -PSOE, CiU…- a los que la verdad judicial ha sacado los colores por este tipo de prácticas ilegales.
La instrucción del caso Gürtel se ha llevado por delante al juez Baltasar Garzón, la UDEF ha sufrido presiones para que acelerara su trabajo e incluso se ha cuestionado su labor y sobre todo ha abierto la pieza separada ‘caso Bárcenas’ que no solo hace referencia al enriquecimiento ilegal del extesorero del PP sino que ha ofrecido datos por ratificar judicialmente el presunto pago de sobresueldos a miembros de la cúpula del PP a lo largo de los años, o la recepción de donaciones ilegales, que son cuestiones por aclarar en vía judicial.
Sea como fuere el ‘caso Gürtel’ entra en la fase final de instrucción y se acerca la hora de la verdad. Por el camino ha dejado un reguero de víctimas políticas y tiene una potencial onda expansiva que aún puede causar más.
