El Gobierno, o al menos la parte socialista del Ejecutivo, está dispuesta a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado con una mayoría transversal que transcienda el bloque de la investidura. En roman paladino: Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Romero, quieren que las cuentas públicas salgan adelante con los votos de ERC y de Ciudadanos, y si tiene que elegir preferiría al partido naranja, ahora que desde Unidas Podemos han comenzado a dar por buena esa posibilidad, lo que permitiría al Gobierno blanquear su proyecto con las concesiones pertinentes al partido de Inés Arrimadas en aspectos que no pongan en riesgo su columna vertebral, el carácter progresista con la subida de determinados impuestos que afecten a las empresas y a las rentas más altas.
Las conversaciones entre el Ministerio de Hacienda y Ciudadanos transcurrían de modo aceptable para ambas partes y parecía que el acuerdo estaba próximo hasta que se han cruzado por el camino una serie de circunstancias que han cercado a Ciudadanos, desde las críticas de algunos de sus antiguos dirigentes, que ahora se encuentran más próximos a un PP, centrado, y que avisan del acercamiento al “mentiroso” de Pedro Sánchez, el mismo hecho del viraje al centro de Pablo Casado, que pretende ocupar parte del espacio político que el partido naranja tenía a su disposición después de que los populares corrieran tras la agenda de Vox, y sobre todo la tramitación de la Ley de Educación, que excluye al castellano como lengua vehicular en las comunidades con otro idioma cooficial.
Este último punto es una de las principales señas de identidad de Ciudadanos, la que le permitió ser el partido más votado y ganar las últimas elecciones autonómicas catalanas, a las que se presenta ahora sin expectativas de revalidar la primera posición y con muchas dudas sobre el lugar que ocupará al final del escrutinio, con el PP olvidado ya de una coalición al estilo España Suma, que solo tuvo efecto en el País Vasco, y que no puede dejar al descubierto el flanco de la defensa del español y de la constitucionalidad en Cataluña, para compensar la cercanía al PSOE que ha demostrado durante toda la pandemia con su apoyo a los estados de alarma, con la premisa de ser considerado un partido útil para la gobernabilidad del país y la resolución de los problemas, frente a la oposición estéril y gritona que a su juicio representan el PP y Vox.
A punto de iniciarse el debate sobre las enmiendas parciales, una vez conjurado el peligro de las enmiendas a la totalidad con el apoyo de Ciudadanos, Inés Arrimadas ha planteado cuatro nuevas “líneas naranjas”, dos de carácter económico y dos de carácter político. De las primeras, las ayudas a fondo perdido para las pymes y la concesión de bajas laborales a los padres de alumnos que hayan de guardar cuarentena tienen margen para la negociación, porque de eso van los Presupuestos. Las políticas tienen una mayor complejidad y pueden entorpecer el acuerdo. No la petición de que el Gobierno ponga por escrito que no autorizará un referéndum de autodeterminación en Cataluña, lo que no puede hacer de ninguna manera. Devolver al castellano el carácter de lengua vehicular en la escuela puede ser la línea insuperable entre Ciudadanos y el Gobierno, por las consecuencias en las intenciones de voto de otras formaciones.
