La reacción del juez José Castro, instructor del ‘caso Nóos’, ante el recurso del fiscal Pedro Horrach, no ha sido la más adecuada. “Si el fiscal cree lo que ha escrito que se querelle contra mí”, dijo al día siguiente de que el representante del ministerio público le acusara de haber mantenido la imputación de Cristina de Borbón, por ser quien es y por actuar como rehén de los medios de comunicación.
El de prevaricación es uno de los peores delitos que puede cometer un juez en el ejercicio de su función y si llega a ser condenado por él será apartado de la carrera judicial. Por ese motivo Pedro Castro no tenía que haber hecho referencia a esa posibilidad. La pelea que han montado a raíz del auto del juez Castro es perjudicial para la profesionalidad de ambos, y para la imagen de la justicia ante los administrados, que tienen sobrados motivos para dudar de la imparcialidad de uno y de la defensa de la legalidad de otro.
En otros casos recientes en los que un juez ha sido condenado por prevaricación –Baltasar Garzón- se ha desatado un debate doctrinal acerca de si el juez había cometido ese delito o simplemente, y a tenor de los hechos investigados y con las leyes en la mano, había hecho una determinada interpretación tras las diligencias practicadas que podría haber sido recurrida y tumbada en otro tribunal superior, que para eso el sistema judicial español es sobradamente garantista, y como ocurre decenas de veces cada día cada vez que se revoca una sentencia o un auto. Y si se trata de las presiones recibidas y de la influencia de la opinión publicada, son más numerosas aquellas que airean argumentos para que la hermana del rey no acabe sentada en el banquillo, sumándose a los informes de los organismos dependientes del poder Ejecutivo –Agencia Tributaria y Abogacía del Estado - o del Fiscal General del Estado que fija la línea de acusación –o de defensa-, por no hablar del deseo de Rajoy de que acabe exonerada. Otra cosa es el inevitable juicio paralelo en la opinión pública ante hechos, declaraciones o silencios que son juzgados con distinta vara de medir en otras ocasiones.
La reacción de contrariedad del juez Castro ante la andanada que le ha dirigido su otrora amigo, con el que había realizado una singular limpieza de la corrupción en las Islas Baleares, por las acusaciones personales que ha recibido de realizar una instrucción “a la carta” y “encaje de bolillos, o de efectuar juicios de valor basados “en conjeturas” y en definitiva por actuar sin “imparcialidad, objetivad y congruencia” ha encontrado eco, sin que él pidiera amparo, en un grupo de vocales progresistas del órgano de gobierno de los jueces que han querido poner las cosas en su sitio pidiendo “respeto y lealtad institucional” a los fiscales para que no descrediten la labor de jueces y magistrados.
Hizo mal el juez Castro al nombrar la bicha de la prevaricación si está convencido de su investigación, de la misma forma que el fiscal se excedió en sus consideraciones plasmadas en su recurso. En ese asunto sobra el ruido y falta serenidad. En este caso sí que por ser quien es la imputada.
