Como en tantas ocasiones en las que la ciudadanía se divide ante una elección binaria, hay quién considera que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez tendría que haber levantado el teléfono para hablar con el presidente de la Generalitat Quim Torra, para analizar los sucesos ocurridos en Cataluña a lo largo de la pasada semana tras conocerse la sentencia del “procés”, y quienes creen que ha hecho bien en no responde entre tanto no condene la violencia de los suyos.
En un país normalizado parece evidente que es precisa la existencia de un “teléfono rojo” que permita la comunicación entre el Gobierno y el principal representante del Estado en una comunidad autónoma. Pero cuando quién está al otro lado de la línea no es un político sino un activista -esta es una afirmación que ya está fuera de toda duda tras la actuación de Quim Torra tras publicarse la sentencia del Tribunal Supremo- una comunicación por esa vía solo daría lugar a un incremento de la confusión, porque los interlocutores no hablan el mismo lenguaje. Donde Pedro Sánchez hablaría de legalidad y defensa del orden constitucional, Torra entendería legitimidad y ataque al pueblo catalán y seguiría desentendiéndose de condenar la violencia, que inhabilita cualquier pronunciamiento político.
La discrepancia en torno a si Pedro Sánchez habría tenido que responder a la llamada de Torra se extiende incluso al Partido Popular. Su presidente, Pablo Casado la hubiera atendido para decirle que el PSOE rompe todos los acuerdos con ERC en ayuntamientos e instituciones. Su portavoz parlamentaria, el verso suelto de Cayetana Álvarez de Toledo, no la habría respondido. Casado vende consejos, -para mí no tengo- sobre lo que tiene que hacer los demás porque tiene un concepto restrictivo de la Constitución, que no va más allá del Título I, mientras no desdeña los apoyos de Vox que plantea una enmienda a la totalidad de la Carta Magna. También Pablo Iglesias habría cogido el teléfono, faltaría más, con una “confluencia” que culpa a la policía de los desórdenes. Pero parece que Pedro Sánchez está escaldado de las manipulaciones que hace Quim Torra de sus encuentros y está vez está cargado de razón.
Que es preciso abrir un diálogo entre el Gobierno y los representantes de las instituciones catalanas -¿será Torra el interlocutor?- es evidente salvo para los partidos conservadores que prefieren la mano dura vía 155. Pedro Sánchez lo ha repetido en innumerables ocasiones previo cumplimiento de la ley. Que para dialogar es preciso acabar primero con los problemas de orden público también es evidente. Como sabe cualquier negociador, mientras se mantiene la violencia o las coacciones las conversaciones no progresan y a veces ni se inician. Y en este momento el problema de seguridad ciudadana se ha impuesto sobre el conflicto político En la mano de Torra, su Govern y los partidos independentistas está frenar la escalada violenta. Y es una ingenuidad pensar que en las circunstancias actuales se puede avanzar en la resolución del expediente catalán con Torra como interlocutor.
Dentro de un tiempo los altercados quedarán como un episodio más alrededor de una sentencia que unos interpretarán como un momento clave de la épica independentista y para otros será una nueva derrota de los soberanista que se tuvieron que abandonar el intento de Declaración unilateral de independencia.
