La celebración de elecciones autonómicas en Cataluña está más cerca tras la última reunión del Pacto Nacional por el Referéndum, que lejos de sellarse con la unidad para la celebración de una consulta unilateral se saldó con el desmarque del partido de Ada Colau, Catalunya en Comú -los comunes- de esa convocatoria dado que no contaría con ningún respaldo ni reconocimiento internacional.
Mientras que todos los movimientos del Govern, Junts pel Sí y la CUP han estado dirigidos desde el primer momento a mantener la estrategia de la tensión, a forzar el enfrentamiento mientras llegaba el momento definitivo de anunciar fecha y pregunta del referéndum “sí o sí”, los comunes en Cataluña y Podemos en el resto del país han navegado en las aguas de la ambigüedad hasta que ha llegado la hora de la verdad. Y tras el informe de la Comisión de Venecia sobre la necesidad de que cualquier referéndum sea realizado conforme a las leyes del país en el que va a tener lugar, ya no hay posibilidad de mantenerse en el limbo. Que el líder de Podemos en Cataluña, Albano-Dante Fachín, entienda el referéndum unilateral como una “movilización ciudadana”, degradándolo a un nuevo 9-N, o que el líder nacional, Pablo Iglesias diga que lo que defienden es que “tanto en Cataluña como en España”, tiene que ejercerse el derecho a decidir y que para que este tenga validez es preciso un “referéndum legal, que sea reconocido internacionalmente y que tenga efectos jurídicos”, no es sino reconocimiento de que se ha perdido un tiempo precioso en la resolución del problema territorial.
Si desde el primer momento se hubieran puesto de parte de la legalidad constitucional, hubieran reconocido sin medias tintas que la soberanía es indivisible –decidir “tanto en Cataluña como en España”- y hubieran atendido a las declaraciones procedentes de la comunidad internacional sobre la inviabilidad del reconocimiento a una Cataluña independiente, sin estas premisas, el “procés” independentista no habría llegado tan lejos, porque la actitud de esta fuerza de izquierdas es la pesa que decanta la balanza hacia un lado, la que permite apuntalar la mayoría política partidaria del derecho a decidir, y que los soberanistas aprovechan a su favor.
Gracias a los comunes el Pacto Nacional por el Referéndum ha devenido en un fracaso, y ha quedado degradado a un lugar de debate pero todavía sirve de coartada para mantener la idea del apoyo mayoritario a una consulta acordada. Una consulta de estas características solo puede ser sobre una nueva reforma estatutaria en la que votarían solo los catalanes, o una reforma constitucional con urnas en toda España, y no es esa la idea que tienen los independentistas sobre la autodeterminación de Cataluña y su relación con el resto de España.
Una actitud decidida de los partidarios de Ada Colau, sin medias tintas, sobre la preponderancia de la legalidad rebajaría la pulsión soberanista. Eso tiene un coste que es preciso asumir, como en su día lo pagó el PSC con deserciones y escisiones.
En un espacio muy corto de tiempo se conocerá la fecha y la pregunta del referéndum y se pondrá en marcha la última fase del enfrentamiento entre legalidad nacional y legitimidad parlamentaria. Vendría bien que entre tanto alguien se aviniera a proponer proyectos que animaran al “better togheter”.
