El presidente de la Generalitat, Quim Torra, no le puso paños calientes a su malestar con ERC, su socio de gobierno, por haber aceptado despojarle de la condición de diputado autonómico al dar luz verde a la decisión de las juntas electorales por su delito de desobediencia. La acusación de desleales -la denominación más cercana a “botiflers”, traidores, que ha encontrado- informó unas declaraciones en las que anunciaba la convocatoria de elecciones una vez que se aprueben los presupuestos del Principado que llevan prorrogados tres años.
El anuncio de Quim Torra lleva implícito un nuevo periodo de agitación de alrededor de medio año, el tiempo que se tarde en aprobar los presupuestos y la campaña electoral. Un periodo que además de ser utilizado para el objetivo político de tener unas nuevas cuentas públicas que permitan el aggiornamento de los actuales con el voto favorable de “los comunes”, servirá sobre todo para que cada partido, JxCat y ERC confirmen su distanciamiento, y vuelvan a jugarse la primogenitura del independentismo. Si hasta las pasadas elecciones parecía que sería el partido de Oriol Junqueras el claro vencedor, su disposición a aceptar la legalidad impuesta por los tribunales y ser los cooperadores necesarios del diálogo con el Gobierno para desjudicializar el expediente catalán -sin renunciar al “ho tormarem a fer”- les puede pasar factura y volver a dejar esta lucha en tablas.
Torra, que ha hecho un gesto de realpolitik al reconocer que la legislatura está agotada -lo estaba desde el primer momento- con Quim Torra teledirigido desde Waterloo por Carles Puigdemont, convocará las elecciones cuando más le beneficie a su partido jugando también con los tiempos jurídico-políticos que les afectan, y en el caso de Torra pendiente de la decisión del Tribunal Supremo que debe decidir si al ser despojado de la cualidad de diputado también perdió la de presidente de la Generalitat, por lo que él no podría convocar las elecciones.
De ambos son de esperar maniobras que compliquen la situación en Cataluña con las continuas llamadas al mantenimiento de la unidad para cumplir el mandato de la independencia del 1-O, y de paso al Gobierno en España, dos escenarios que están íntimamente imbricados, y que perjudican las expectativas de Pedro Sánchez de contar con los Presupuestos Generales del Estado aprobados antes del verano para lo que necesita el voto favorable de los diputados de ERC. Si este partido no apoya las cuentas del Ejecutivo, sería la cuarta vez en la que los independentistas de Junqueras se miran el ombligo, y haría buena la declaración de su diputada Montserrat Bassa, cuando afirmó que “nos importa un comino la gobernabilidad de España”.
Este ambiente es en el que se va a realizar la entrevista entre Pedro Sánchez y Quim Torra, con un presidente catalán inasequible al desaliento de la provocación, con su insistencia en el horizonte de la independencia y en la represión del Estado, y sin ninguna voluntad de diálogo sobre nada que no sean esos ítems. A ello se suma una oposición liderada por el PP dispuesta a presentar una querella por usurpación de funciones contra Torra, que contribuye a aumentar el ruido judicial, cuando ya hay una acción legal en marcha en el Supremo con la que se solapa.
