Las últimas decisiones de los dirigentes independentistas catalanes para acelerar el proceso de desconexión oscilan entre su respeto a las decisiones jurídicas que favorecen sus intenciones y la desafección con respecto a aquellas que cuestionan la viabilidad de su proyecto. Y en ambos casos lo hacen con absoluto desprecio a las advertencias democráticas de quienes se oponen al ‘procés’, o la de aquellos que estando básicamente de acuerdo con la celebración de un referéndum no comparten las formas utilizadas. Toda la oposición considera que la legitimidad a la que se refieren los soberanistas queda en cuestión cuando se retuercen los argumentos legales o directamente se desoyen.
Finalmente, la mayoría de Junts pel Sí en la Mesa del Parlament –con el previsible apoyo de la CUP- tramitará la propuesta de llevar a cabo una reforma exprés del reglamento de la cámara catalana y agilizar así la aprobación de las leyes de desconexión. Que las leyes más importantes, desde el punto de vista de los independentistas, para lograr la desconexión de España se realicen por el procedimiento de lectura única y hurtando un debate profundo, es una incoherencia y la muestra de que las prisas solo obedecen a un plan para cumplir rápidamente con la convocatoria del referéndum prometido y contar con las leyes que impidan la existencia de un vacío legal. Todo, claro, en el caso de que llegara a convocase y realizarse, una posibilidad cada vez más improbable, según las advertencias que cada vez llegan con mayor intensidad desde el Gobierno central, y la escasa repercusión que el proyecto de una Cataluña independiente tiene en los países europeos y en los organismos internacionales.
En esta ocasión los servicios jurídicos del Parlament han avalado la creación de una ponencia conjunta para la reforma del reglamento y los independentistas han saludado la decisión, mientras que cuando el mismo organismo se opuso a la forma elegida para la tramitación de las leyes de desconexión, con oscurantismo y falta de debate, decidieron obviar sus recomendaciones. De tal forma que a los partidos de la oposición solo les queda el recurso de no participar en las reuniones de la ponencia como forma de manifestar su protesta, y más aún presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, aunque ya se conoce la voluntad de desobedecer las decisiones que procedan del intérprete de la Constitución. “Cargarse la democracia en nombre del 'procés' no es legítimo", han dicho desde Catalunya Sí Que Es Pot.
La rapidez en aceptar el dictamen jurídico sobre la reforma del reglamento contrasta con la falta de repuesta al que realizo en Consejo de Garantías Estatutarias –un órgano elegido por el Parlament- que declaró inconstitucional la partida de los presupuestos destinada a la organización del referéndum y que está todavía en debate porque la CUP ya ha amenazado con romper la baraja y no aprobarlos si se toca esa partida. De ellos depende el adelanto electoral.
Los soberanistas, con sus decisiones, están vulnerando su intención de que todo fuera perfectamente legítimo y democrático, desde su interpretación de ambos conceptos, pero no pierden oportunidad de hacerse trampas en el solitario, y con ello se están cargando el halo de limpieza que querían darle a todo el procés.
