Salvo en Cataluña y en el País Vasco donde los partidos independentistas y nacionalistas son declaradamente republicanos, en el resto de España el debate sobre el modelo de Estado es un asunto muy colateral que se soslaya porque, en este momento y siempre, habrá asuntos que requieren una mayor atención, una dedicación casi exclusiva. Si el apoyo a la monarquía se traduce en apoyo popular medido en relación con los resultados obtenidos en las últimas elecciones generales por los partidos que la respaldan fervientemente y de otros que superaron este debate en el mismo momento en que se escribió la Constitución, la Corona cuenta con un respaldo del 75% de los votantes.
Las últimas noticias relacionadas con supuestos casos de corrupción del rey emérito Juan Carlos I adquieren una doble dimensión. Por un lado la de conocer por la vía judicial tanto fuera de España como dentro, porque la Fiscalía Anticorrupción ha pedido información a Suiza sobre las investigaciones que se llevan en ese país relacionadas con blanqueo de dinero, fraude fiscal y cobro de comisiones, relacionadas además con su amiga Corina Larsen, decidida a denunciar al anterior Jefe del Estado por amenazas para que no revele cuestiones de Estado. La otra dimensión tiene carácter político porque algunos partidos han aprovechado las acciones del rey emérito para tirar por elevación y cuestionar la institución.
Los datos de reparto de los escaños del Congreso hace que la pretensión de Unidas Podemos y el resto de grupos minoritarios de izquierda para crear una comisión de investigación paralela a las investigaciones judiciales emprendidas hará descarrilar la iniciativa con el apoyo de los letrados de la Cámara, que en todas las ocasiones en las que se ha pretendido organizar un juicio político al rey Juan Carlos han rechazado esa posibilidad con argumentos que extienden la inviolabilidad del rey a toda su etapa al frente de la Corona “con efectos jurídicos permanentes”. De la misma opinión es el Constitucional.
La sobreprotección y el manto de silencio que extendieron los medios de comunicación y los partidos políticos mayoritarios sobre las actividades privadas de don Juan Carlos quebró cuándo se conocieron abiertamente en unos momentos en el que el país atravesaba los peores momentos de la crisis económica. Por ese motivo el rey Felipe VI ha hecho de la ejemplaridad y la transparencia el “leit motiv” de su reinado, junto a la defensa de la unidad de España y la soberanía de todos los españoles, como es su mandato constitucional.
En una semana en la que han sido demasiados los enfrentamientos entre los dos socios del Gobierno, la distinta posición del PSOE y Unidas Podemos con respecto a la comisión de investigación sobre el rey emérito no puede decirse que entre en esa categoría de desencuentros, porque esas disensiones que se dan en el ámbito parlamentario están pactadas, eran conocidas y era muy posible que en algún momento se pusieran en el tapete toda vez que la justicia había comenzado a actuar, y más cuando se encontraba por medio el muñidor de las cloacas del Estado el comisario Villarejo.
Pero si el rey emérito, Juan Carlos I, quisiera prestar el último servicio al país y a la Corona solo tiene que colaborar con la justicia. Siempre se dijo que era el primer embajador de España, no que trabajara en su propio beneficio.
