Tanta paz lleve como descanso deja”, despidió de forma popular el secretario general del PP, Teodoro García Egea, al todavía vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, reconvertido en candidato a presidir el Gobierno madrileño. Era el reconocimiento, por el “número dos” popular de que a partir de ahora él también va a dormir más tranquilo porque han sido numerosas las sesiones de control al Gobierno en las que el líder de Unidas Podemos ha salido triunfante de los encontronazos dialécticos con don Teodoro.
Lejos de ser una despedida de cortesía, Iglesias decidió dar dos noticias de relevancia en una de las sesiones parlamentarias que se caracterizan por los insultos y la política pequeña: el abandono del escaño antes incluso de formalizar su salida del Ejecutivo, y la interposición de una denuncia contra el propio García Egea por la presunta compra de los diputados regionales murcianos que impidieron el triunfo de la moción de censura presentada por Ciudadanos y el PSOE.
La precipitación de Pablo Iglesias para presentarse a disputar el Gobierno regional a Isabel Díaz Ayuso, y el desconocimiento de la ley electoral por la que se rigen estos comicios, ha quedado tan de manifiesto que se verá obligado a abandonar el Ejecutivo dos semanas antes de lo que preveía y no podrá permanecer en él hasta el inicio de la campaña electoral, como hizo el exministro de Sanidad, Salvador Illa. Pero más relevante ha sido el anuncio de que también abandonará su escaño de diputado. La posibilidad de que tras las elecciones madrileñas renunciara a su escaño en la Asamblea de Vallecas para mantener el de la carrera de San Jerónimo y continuar con su presencia en el epicentro de la política nacional ha quedado resuelta, aunque resulta difícil ver a Iglesias constreñido a la política madrileña, aunque consiga el objetivo para el que se presenta, evitar la debacle de su partido en unas nuevas elecciones autonómicas.
Muchas de las querellas y denuncias presentadas contra Pablo Iglesias y su partido han sido archivadas o van camino de ello, y ese será, muy probablemente, el camino que siga la denuncia anunciada por Pablo Iglesias contra “don Teodoro”, por presunto cohecho por la compra de los diputados que votaron contra la moción de censura contra el presidente murciano, Fernando López Miras, y que han entrado o permanecido en el gobierno regional. Que en Murcia se ha dado un caso de transfuguismo de libro es una evidencia. Que el secretario general de los populares, murciano de nacimiento, se empleó a fondo para que la moción de censura no prosperara es otra. Pero de ahí a que su actuación tenga consecuencias penales hay un trecho enorme.
Será un ejemplo más de la judicialización de la política, a la vista de la escasa fuerza disuasoria del pacto antitransfuguismo más allá de la política municipal y de que los mecanismos políticos siguen sin funcionar para resolver estos problemas, porque no hay voluntad política de que sirvan cuando se pueden sacar o mantener ventajas. Pero mientras la Justicia archiva la querella, el secretario general de los populares estará señalado como lo están otros dirigentes políticos, y se da pábulo a que nadie se salva de los episodios de corrupción.
Pablo Iglesias se ha despedido con un “hasta pronto” que deja abiertas todas las posibilidades sobre su futuro.
