Tras los fiascos que la justicia de países como Alemania y Bélgica han proporcionado a las actuaciones del Gobierno y la Justicia española en los asuntos relacionados con el proceso independentista y sobre todo con la situación de los dirigentes huidos acusados de rebelión, por fin un tribunal europeo ha dado una buena noticia al desestimar el recurso de una integrante de la sindicatura territorial de Tarragona, destinada a hacer las veces de junta electoral territorial en el referéndum ilegal del 1-0. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera manifiestamente infundado el recurso en todas y cada una de las partes por las que reclamaba, dado que no se han vulnerado en ningún momento sus derechos fundamentales, ni el Tribunal
Constitucional ha actuado de forma inadecuada, ni la recurrente fue objeto de una persecución política.
Además, en este caso el tribunal europeo señala que el Constitucional español estaba facultado para exigir explicaciones de las instituciones, autoridades, funcionarios públicos o personas afectadas por sus resoluciones y para advertir que, si continuara el incumplimiento, podría tomar ciertas medidas, incluida la imposición de multas, como ocurría en las advertencias a los miembros de las sindicaturas electorales que quiso instaurar la Generalitat. Un aviso para navegantes.
La importancia de este varapalo para los intereses independentistas, que pretenden lograr que los tribunales europeos condenen al Estado español por las acciones judiciales para desactivar el intento de secesión, es que supone un freno a su campaña internacional para desprestigiar a la Justicia española, a la que ponen a la altura de la de países autoritarios, y a la que acusan de estar mediatizada por el poder político.
A pesar de este primer triunfo para los intereses del Estado en la lucha judicial por mantener la unidad de España, quedan por resolver otros asuntos y juicios de los que también depende el reconocimiento de la exclusividad de la jurisdicción española sobre el fondo de la cuestión cuyo debate ha provocado la retirada en dos ocasiones de las euroórdenes para la detención y extradición de Carles Puigdemont y el resto de exconsellers fugados, que se encuentran en Bélgica. Ya ha sucedido en más ocasiones que los tribunales belgas ponen en cuestión la independencia de los jueces españoles.
Lógicamente el TEDH no ha entrado a valorar el fondo de la cuestión, porque no era el objeto de la causa, pero es evidente que sin una autoridad electoral que vele por la limpieza del proceso -que no existió porque todos los designados se echaron para atrás ante las amenazas de cuantiosas multas con las que amenazó el Tribunal Constitucional-, cualquier votación carece de garantías previas al acto de votar y luego en el recuento de los votos.
Pero no hace falta que un tribunal europeo ponga de manifiesto el despropósito del “procés” unilateral. Solo hace falta ver las trifulcas que mantienen entre las facciones independentistas, el escaso respeto que muestran al Parlament, cerrado casi tres meses y abocado a la suspensión de los plenos por las discrepancias que generan una esquizofrenia palpable producto del quiero desobedecer y el no me atrevo a hacerlo porque el Estado de derecho es más fuerte que las ensoñaciones independentistas.
