El Consejo del Audiovisual de Cataluña (Consell de l’Audiovisual de Catalunya) que en su día fue una novedad y se puso como ejemplo de lo que debería ser un órgano regulador para controlar los abusos y excesos en los medios audiovisuales, especialmente en publicidad, incumple sistemáticamente sus propios principios cuando el asunto se refiere a los ataques de TV3 al concepto de España y al resto de los españoles, en ocasiones, como la reciente con respecto a Andalucía, disfrazados de programas de humor. Si se consulta su web se comprobará que entre sus fines destaca como misiones fundamentales “garantizar la observancia del pluralismo político, social, religioso. Lingüístico, cultural y territorial de con la letra b del artículo de la Ley 22/2005, de 29 de diciembre de comunicación audiovisual de Cataluña. En cuanto al tratamiento informativo el CAC analiza si los contenidos emitidos cumplen la normativa en aspecto como la veracidad, la neutralidad, la objetividad, y la presencia de contenidos ofensivos”.
¿Ofensivos para quién? ¿Para Cataluña, para el resto de España, para otra región española, para un colectivo de ciudadanos? Este Consejo tiene manga ancha, pese a que invita a quien lo desee a poner en su conocimiento aquellos contenidos que incumplan sus propias normas que, por lo visto, no alcanzan a las tradiciones religiosas de Andalucía y a los andaluces todos de los que se ha hecho pública burla. Porque frente a la petición de disculpa por parte del Gobierno de Andalucía y de las asociaciones de andaluces en Cataluña y de la propia iglesia, los autores de la charada sobre la Virgen del Rocío y las tradiciones, peculiaridades y habla andaluza. Los responsables del espacio donde se emitió la parodia se han reafirmado con cierta chulería en sus contenidos de forma repetidamente grosera y nuevamente ofensiva.
Pese al tono conciliador del Gobierno andaluz y de las entidades de este país, reafirmando su orgullo por sus tradiciones. Como corresponde a una tierra con sentido del humor, del que se dan tantas geniales muestras en toda su geografía, el Gobierno andaluz había remarcado con rotundidad: “La sátira siempre es bien aceptada, el humor lo acepta prácticamente todo, pero la ofensa a todo un pueblo, a nuestro acento, a nuestras creencias, a nuestras costumbres y más desde una televisión pública pagada con impuestos de todos los catalanes es absolutamente intolerable”.
El ahora silencioso Consell fue instituido por Ley del Parlamento de Cataluña para dotar a aquella comunidad de los medios necesarios para asegurar el cumplimiento de las normas que regulan los contenidos audiovisuales en materia de radio y televisión. Está formado por un presidente y doce miembros, elegidos entre personas de reconocida competencia técnica y profesional, adecuadas para las funciones que deben desempeñar. El CAC actúa por propia iniciativa o a instancia de particulares, profesionales, asociaciones, empresas o instituciones públicas. Propone a la Administración la imposición de sanciones por infracciones a la legislación; asesora mediante informes a la Parlamento y a la Generalitat de Cataluña y, finalmente, ejerce tareas de arbitraje.
El Consell se ocupa esencialmente de atender dos aspectos: el ámbito de los contenidos de la programación y el de la publicidad. Cuida que se eviten programas que promuevan o estimulen la discriminación en razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia personal; que ataquen los derechos fundamentales de las minorías y la dignidad de las personas, o que no se acomoden con el respeto que merecen la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Eso dice la teoría.
