Opinión

El indulto de Puigdemont a la medida

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, acaba de hacer dos preocupantes manifestaciones, dado que entre lo que se dice y lo que luego ocurre, una negación de principio deriva a la larga en todo lo contrario. Al tiempo que aconseja a Puigdemont a que se presente ante la Justicia para ser sometido a juicio (y obviamente lucrarse de las medidas de gracia que han recaído sobre sus conmilitones, o incluso, si el Código Penal se reforma a tiempo, quedar impune) dice que el Gobierno no contempla la figura del “Indulto anticipado”, o sea, antes del proceso, “que sería legal porque la ley lo contempla”.

El fugado y sus compañeros forma parte del lote de 3.000 afectados (incluidos los CDR detenidos por la comisión de actos violentos) para los que se exige que sus responsabilidades se borren mediante una amplia amnistía. El anuncio de que la responsabilidad criminal de Puigdemont y los otros podría extinguirse antes de ser juzgado resulta preocupante, porque precisamente el anuncio de que no se hará significa que el Gobierno podría hacerlo. Y si lo presionan como es de prever hasta es posible que lo haga; pero ¿cómo? Desde luego, una ministra del Gobierno, de Podemos, ya ha pedido la indulgencia plena para los fugados. ¿Cómo es posible, se preguntan ya reputados juristas, que se pueda aplicar los efectos del indulto a un reo que no ha sido juzgado? Pues por lo visto, según Campo, se puede. ¿Acaso mediante tal reforma del Código Penal en el delito que se atribuye y que llevó a otros a la cárcel? Ya nos dirán como.

La doctora Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, opina, en contra de lo que dice el ministro de Justicia, que “es imposible aplicar un indulto a una persona que no ha sido juzgada, la única circunstancia que cambiaría el horizonte de Puigdemont hasta el punto de que pudiera entrar en España libremente es una reforma del Código Penal, y esto no implica necesariamente que le beneficiara hasta el punto de ser exonerado”.

O sea, que hay que coger el Código Penal y rebajar hasta tal extremo de modo que desapareciera la pena de los delitos que se pueden atribuir al huído, que los tribunales españoles consideraran que carecía de sentido perseguirlo. Basta con que los hechos anteriores encajaran a la medida en la nueva tipificación. Y con la actual mayoría con que Sánchez cuenta en el Congreso pueden hacerlo. El expresidente Puigdemont –al que Pedro Sánchez prometió traer a España porque para eso es el presidente- ha preguntado a Sánchez qué hará si se presenta en España y si respetará su inmunidad y ha declarado: “Nuestro retorno a Cataluña es un retorno como personas libres y esta libertad hasta ahora nos la hemos ganado no con el Estado español, nos la hemos ganado en frente del Estado español, en los tribunales europeos”. Y tiene a su favor las palabras de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, de Podemos, quien ha dicho que Puigdemont debe regresar a España sin ser detenido, y celebrarse en Cataluña un referéndum por la independencia.

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