La aplicación de determinados extremos de la llamada Ley de Memoria Democrática en las Fuerzas Armadas, especialmente en el historial, simbología, nombre, distinciones placas y condecoraciones individuales y colectivas, viene a remover aspectos delicados de enormes consecuencias que ya ha provocado las primeras críticas y recelos sobre todo entre historiadores militares. La aplicación de determinados aspectos de la Ley supone la supresión de determinados contenidos del llamado “Palmarés” o historia cronicada de las unidades desde su fundación, hechos de armas en los que ha participado, hechos heroicos y condecoraciones individuales y colectivas, corbatas y honores otorgado a sus banderas y otra serie de extremos en el mismo sentido. En el caso de los regimientos más antiguos, su historial comprende todos los episodios de su pasado, en algunos casos desde los Tercios a los que deben su origen hasta el presente, incluyendo las guerras carlistas y la última guerra civil. Y aquí radica el problema.
Tanto en los museos, donde se exponen las unidades disueltas como en las banderas de regimientos en activo cuelgan de sus moharras corbatas que le fueron otorgadas de manera colectiva a sus batallones por actos heroicos frente al enemigo a lo largo de su existencia, incluida la reciente historia, es decir, la guerra civil. En ese sentido, la bandera más condecorada del Ejército de Tierra es la “Regulares 2” (ahora “Regulares 52”) de Melilla, lo mismo que los Tercios de la Legión, como asimismo diversos regimientos de Infantería y de otras armas. Y aunque ya hayan fallecido en su mayoría, hay infinidad de soldados que recibieron cruces, placas, medallas, laureadas por su comportamiento considerado heroico en las diversas campañas. También, aunque con mucha menos profusión, se otorgaron condecoraciones por motivos parecidos. De ahí que alguno estudioso recomiende prudencia o dejar las cosas como están simplemente.
Plásticamente a resultar algo complejo el peinado de museo y salas de banderas para la retirada de las referidas distinciones. De momento, la ministra de Defensa, Margarita Robles, por una Orden ministerial, publicada en el Boletín de su departamento, decreta la creación de un Comité de Seguimiento para aplicación de la Ley de Memoria presidido por la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos. La función de este órgano depurador es la purga de símbolos o tradiciones que Moncloa considera franquistas y se abre al revisionismo en los cuarteles Su función será coordinar y planificar todas las implicaciones legales que la Ley de Memoria tenga en el ámbito del Ministerio de Defensa, tanto en el ámbito patrimonial como de acceso y consulta a la documentación de sus archivos, así como la tramitación de todos los procedimientos administrativos derivados de la nueva legislación y la colaboración con otras administraciones.
En el caso presente, la cuestión es el alcance y efectos de la purga y quiénes van a formar parte del “comité técnico” que asesore y asista al de seguimiento para la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y alcance de sus objetivos. Además de la subsecretaria de Defensa, formarán parte de él el secretario general técnico del Ministerio como vicepresidente y una serie de vocales: el director de gabinete de la ministra, el director general de Personal, el de Infraestructuras, los segundos jefes de Estado Mayor de los Ejércitos y la Armada, el asesor jurídico del Ministerio, los directores de los gabinetes técnicos de la Secretaría de Estado, la Subsecretaría y del secretario general de Política de Defensa y, por último, la subdirectora General de Publicaciones y Patrimonio Cultural. Claro que algunos militares que ya se han manifestado opinan que “Esta ley no va a hacer otra cosa que reabrir heridas cerradas y crear enfrentamientos dónde no los había”. Y se verá. Como se sabe, algunos de los socios de Pedro Sánchez dicen que se debe retirar “por fascista” el lema “Todo por la patria”.
