No se podrá escribir la historia presente y futura de espaldas al sufrimiento de tantos. Pero cuando se escriba, una vez superada esta tragedia y con un mínimo distanciamiento para ser objetivos, habrá que hacer memoria de las fracturas que esta crisis ha provocado en la sociedad. Todo el mundo dice que nada volverá a ser igual después del COVID-19 y que tendremos que vivir y trabajar de otra manera y relacionarnos con mayor distancia física. Como latinos y como sociedad, lo vamos a llevar muy mal. Lo peor es que vamos a tener una sociedad con mayores desigualdades, menos cohesionada, a pesar de la fiesta diaria de los aplausos, con más miedo, con menos libertad y, posiblemente, con menos seguridad jurídica. La reducción de derechos -personales, sociales, empresariales, de movimiento, de libertad de información, etc.- para "garantizar" más seguridad, al margen de las dudas legales que plantea, pone en peligro la libertad. Y cabe el temor de que, una vez pasada la crisis, algunos gobiernos pretendan seguir en esa senda.
Salvo que Diógenes encuentre hombres de Estado entre los políticos actuales, cosa improbable, la fractura política tras la crisis va a ser incluso mayor que la actual. No solo entre izquierdas y derechas, entre constitucionalismo y populismo, entre españoles e independentistas, sino también en las filas de cada partido. La petición de responsabilidades en la gestión de la crisis -y las hay muy graves- y ese cainismo que condiciona a los políticos de esta hora, puede acabar con la clase política española, como ha apuntado el presidente de la Junta de Extremadura. Y aunque eso puede ser una buena noticia para la futura gobernabilidad del país, es una enorme incógnita.
La factura económica y social es también inevitable. La desigualdad entre ricos -unos pocos- y pobres -tal vez más del 30 por ciento de la población, ¡más de doce millones de españoles excluidos!- se va a multiplicar, al mismo tiempo que se incrementa la precariedad del trabajo y se asfixia a las clases medias. Cientos de miles de empresarios, muchos autónomos, se van a declarar en quiebra. Y vamos a seguir sin tener una solución para el problema de la inmigración, tal vez agravado por la caída en picado de la economía. Y no tengo ninguna duda de que, pese a lo que ha demostrado el sector privado en esta crisis, nuestros gobernantes actuales sigan defendiendo que solo lo público nos puede sacar adelante. Si triunfan sus tesis, nos hundirán aún más en la deuda, el déficit y la pobreza generalizada.
La fractura tecnológica va a ser también decisiva. O se corrige nuestro retraso en lo que es innovación -la educación de calidad y la investigación son básicas- y tecnificación de nuestros procesos productivos o seguiremos siendo un país de servicios, sometido a todas las crisis que están por venir. Y lo mismo se puede decir de la fractura entre la España urbana y la rural. O se elabora un plan serio para dotar de servicios, de industrias y de futuro al campo español o caminaremos hacia la desertización y el vaciamiento de media España y tendremos un país de viejos sin natalidad suficiente.
Finalmente, habrá que hablar con rigor de la fractura de la verdad, incrementada en este tiempo de crisis. La demagogia está ganando la batalla a la verdad y a la responsabilidad. Las falacias y las mentiras se imponen cada día desvergonzadamente. Peligra la libertad de información en manos de quienes no creen en ella porque prefieren la propaganda.
Como ha dicho el papa Francisco, tenemos que "contagiarnos con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad". Los políticos tendrán que demostrarnos que son capaces de hacer algo diferente, de hacerlo unidos y de encontrar soluciones pensando en los ciudadanos. Tal vez es la última oportunidad para muchos.
