Opinión

Leyes que importan, leyes innecesarias

El presidente Sánchez -no se pierdan las fotos de la "cumbre informal" de ministros y ministras en la finca de Quintos de Mora, el estilismo y la colocación de unos y otras, así como los acompañantes no ministros, porque explica quién es quién y qué lugar busca y ocupa cada uno- afirma que ya tiene preparada una batería de leyes para pasar de una absoluta inacción en la anterior legislatura a un "gran dinamismo legislativo", según el propio presidente. Al parecer, la reunión ha servido para repartirse los objetivos y los papeles. Sánchez dijo que el suyo quiere ser el "Gobierno de los jóvenes, los grandes excluidos y los paganos de la crisis". Iglesias se explayó sobre las políticas sociales. Nadia Calviño garantizó la solvencia de la economía y la ministra Darías (Política Territorial) puso el eje en la desigualdad entre las comunidades autónomas. No cuentan las crónicas si esa desigualdad es la que ha llevado a Sánchez a Cataluña a prometer inversiones y financiación -al margen de otras cesiones políticas- o la que lleva al presidente a transferir con urgencia al País Vasco las competencias en prisiones y otras treinta más, entre ellas la gestión de la Seguridad Social. Todo sea por "corregir" las desigualdades de las comunidades autónomas. Y que nadie imagine que esto tiene algo que ver con el apoyo en la investidura o el que el Gobierno de coalición va a necesitar para sacar adelante los Presupuestos.

Pero es curioso que la primera ley que va a llevar Sánchez al Parlamento no serán los Presupuestos, ni las ayudas para paliar la grave crisis del sector agrario, ni siquiera una ley de Educación que Celáa no piensa consensuar con la oposición, ni siquiera una reforma de la financiación autonómica que reclaman incluso las autonomías gobernadas por el PSOE. Nada de eso. Tampoco la reforma de la reforma laboral del PP, que le ha servido al PSOE para mantener el crecimiento del empleo sin hacer nada. No. Atendiendo a la urgencia del asunto, aceptando el clamor social, pensando en el principal problema de la sociedad española, la primera ley que el Gobierno llevará al Parlamento y que aprobará con el presumible apoyo de sus socios -Podemos, ERC, Bildu, ¿el PNV, de extracción católica y de derechas de toda la vida? y tal vez la CUP- es la ley de eutanasia.

España no tiene todavía Unidades del Dolor o de Cuidados Paliativos en un gran número de hospitales públicos, pero tendrá una ley de eutanasia. España no ayuda a los enfermos que están en sus casas y que necesitan esos cuidados paliativos, tampoco a los familiares que los cuidan, pero tendrá una ley de eutanasia. Los médicos, podrán objetar -espero-, pero tendrán que elegir entre tratar de salvar vidas, cumpliendo su juramento hipocrático, o acabar con ellas, apoyados en una ley que rompe "la prohibición de matar", que era la base de una sociedad que eliminó incluso la pena de muerte para los peores criminales.

La ley de eutanasia abre la puerta a acabar no solo con la vida de los mayores sino también de otros colectivos como los discapacitados, los enfermos mentales o, incluso, quienes están cansados de vivir. O, como en Países Bajos, que nos lleva delantera, donde se quiere ampliar ese "derecho" a los menores de edad. La ley de eutanasia ni es urgente ni mejora la calidad de vivir ni la de morir.

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