Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, defiende que la apuesta por los cordones sanitarios es menos segura que la medicina preventiva. Eso se lo compramos todos, incluidos los médicos de atención primaria. Los cordones “sanitarios” de este buen escritor, activo militante de izquierdas, son “para aislar a las malas compañías” que consiguen “arrastrarnos hacia los lugares más sucios y menos hospitalarios”.
Pero, matiza, “hasta las malas compañías se vuelven atractivas cuando un mal sistema provoca el deseo de bajar a los sótanos en los que se sirven himnos antisistema y bebidas fuertes”. No parece difícil identificar, viniendo de quien viene, que las malas compañías son las de Vox y que el amigo afectado es el PP. Si solo se mira en una dirección solo se ve lo que se quiere ver.
García Montero prefiere una “sosegada” medicina preventiva: “evitar que los impúdicos beneficios de los avaros empobrezcan a las mayorías, combatir las brechas sociales con una fiscalidad justa, invertir en cultura y educación pública, denunciar la corrupción de manera rotunda, pisar las calles explicando la importancia de tomar medidas higiénicas sobre los contratos basura, el desempleo, el recibo de la luz y las pensiones...”. Lo suscribo todo y, desde luego, la afirmación de que “no hay mejor cordón sanitario que una buena medicina preventiva”.
Pero yo iría un poco más allá en la prevención. Vacunaría a los gobiernos, a todos, contra los extremismos, los separatismos y los herederos de terroristas y no permitiría que quienes se muestran contrarios al orden constitucional fueran el sostén indispensable de esos Gobiernos, se sentaran en centros de poder o tuvieran acceso a informaciones de alta seguridad. Enseñaría a algunos partidos que la libertad de empresa, la libertad de prensa y el respeto a la ley es lo que fundamenta la confianza de los ciudadanos en el sistema y que atacar esos principios rompe el Estado de Derecho.
Buscaría una píldora para que ningún partido tuviera la tentación de buscar en solitario o repartirse el control de los organismos esenciales del Estado de Derecho como el Consejo del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado o el Tribunal Constitucional. Evitaría el abuso del decreto ley -la mitad de las leyes aprobadas en España en 2020 y 2021 ha sido por ese procedimiento- que hurta el debate al Parlamento y que es un fraude legal. Exigiría transparencia en las decisiones del Gobierno y limitaría el acceso a cargos públicos de personas sin más mérito ni capacidad que su pertenencia a un partido y su docilidad con el aparato de éste. Castigaría duramente la frecuente mentira de quienes nos gobiernan e impediría que nos traten a los ciudadanos como menores. Y exigiría máxima austeridad a quienes gastan el dinero de todos en tiempos en los que la desigualdad y la pobreza crecen impúdicamente.
Alguien ha dicho que la política es ya un reality show, que no hay candidatos sino concursantes, que todo es un espectáculo y que hay, además, una casta de políticos que recurren al populismo y a otras sofisticadas técnicas y subterfugios más o menos legales, también a las mentiras orquestadas en redes, para poner fin al estado democrático.
Por eso, efectivamente, es tan importante la medicina preventiva, la política ejercida con rigor y seriedad, el consenso en asuntos fundamentales entre demócratas, la rendición de cuentas, la transparencia, el no meter en casa al que no respeta la democracia, a quienes son enemigos de la libertad. Pero esa medicina preventiva no puede ir solo en una dirección. Tiene que ir en todas si no queremos que ganen quienes se sirven de la democracia para acabar con ella o para lograr sus intereses antidemocráticamente.
