He sentido una profunda satisfacción al conocer el homenaje que el presidente del Gobierno de España ha rendido a los republicanos españoles muertos en el exilio, representados por las tumbas de Manuel Azaña y Antonio Machado. Han tenido que pasar más de cuarenta años desde la muerte del dictador genocida, que tanto sufrimiento ha causado al pueblo español, para que el presidente de un gobierno democrático rinda honores y reconocimiento a las víctimas del fascismo muertas en el destierro por defender, frente al totalitarismo, la legalidad constitucional, la libertad y los derechos humanos. Es lamentable que este acto se haya visto ensombrecido por el boicot de un puñado de fanáticos independentistas que, obcecados por el pensamiento único, han sido incapaces de comprender la importancia simbólica que este hecho tiene en la defensa de los valores democráticos; en unos momentos muy delicados de nuestro país. Estos fanáticos teóricamente se consideran republicanos, muchos de ellos de izquierdas, la mayoría se autodefinen como demócratas y defensores de la libertad; pero en realidad son exaltados manipulados por gurús de un egocentrismo tribalista que aspiran a la independencia para defender los privilegios de una casta corrupta y reaccionaria.
Son muchos los que se alimentan de la confrontación y la violencia; el sacar beneficio de las provocaciones no es solamente un objetivo del independentismo coincide también con los desafíos de la derecha “imperialista” que enarbola símbolos identitarios para conseguir réditos electorales, piensan que a mayor crispación mejores resultados, haciendo buena la frase “cuanto peor, mejor”. Mientras el presidente Sánchez rendía homenaje a las víctimas del fascismo, Inés Arrimadas, líder de la oposición mayoritaria en el Parlamento catalán, desafiaba al ex presidente Puigdemont sin otro objetivo que salir en la foto de una refriega inútil que no conduce a nada, a no ser que se pretenda desviar la atención de los temas realmente importantes para los ciudadanos de este país.
En otro orden de hechos, he observado las declaraciones de los políticos procesados por la proclamación de independencia de Cataluña. Me han sorprendido sus profundas convicciones y su compromiso con el proceso independentista, pero también la falta de rigor en la valoración del fin alcanzado, ya que casi todos los encausados niegan la validez jurídica a la declaración de independencia, a la que dan un carácter estrictamente político, en una contradicción difícil de entender. También ha llamado mi atención el rigor del presidente del tribunal en su papel de árbitro de una causa muy compleja y sujeta a la atención de la justicia europea. Es plenamente consciente de que los derechos jurídicos de los procesados, en todo caso, han de quedar garantizados. En esta fase del juicio dos cosas han quedado claras: la dificultad de mantener la acusación de rebelión y la contundente desobediencia al Tribunal Constitucional, cuestionado por su papel en la anulación del Estatuto aprobado por las cortes, el Parlamento de Cataluña y en referéndum por el pueblo catalán. Si la sentencia se ajusta a los hechos acaecidos, sin presiones de ningún orden, y se profundiza en el diálogo, el conflicto puede entrar en un camino de acuerdos políticos dentro del estado de derecho y respeto a la Constitución. Si por lo contrario se aplica el artículo 155 con carácter represivo, se incrementará el número de secesionistas y se reiniciará un camino sin retorno con consecuencias dramáticas para toda España.
