Son muchos los políticos españoles, además de familiares y amigos, que ocupan un puesto bien retribuido en los consejos de administración de importantes empresas, fundamentalmente de las que fueron privatizadas, al retirarse de la política activa. Por supuesto, cumpliendo la normativa que permite hacerlo sin cometer delito alguno. Militantes de todos los partidos que han tenido responsabilidades de gobierno han aceptado y agradecido su designación para tan grata y lucrativa función. Desconozco si ha habido alguno de los propuestos que haya renunciado a ocupar algún apetitoso puesto, teniendo en cuenta que solo supone dedicarle un corto periodo de tiempo y muchos no llegan a asumir sus responsabilidades. Nunca el legislador ha cuestionado la legalidad de acceso de los representantes del pueblo a la actividad privada, aunque esta tenga relación con cuestiones de su antiguo cargo. Por lo que hay que preguntarse ¿cuántos críticos con eses gloriosos premios se negarían a aceptarlos si le fuera ofrecido?, creo que sobrarían los dedos de una mano para numerarlos. La ética no es la asignatura preferida en el sistema neoliberal que tanto daño está haciendo al futuro de la humanidad.
Consciente de la debilidad humana, el capitalismo paga bien a quienes le han servido o gestionado sus intereses. “Todos (lo decía en un acto un conocido político), pueden tener su parte en el pastel”. Con inaudita osadía estaba intentando apaciguar una pequeña revuelta de su tribu y no le importaba el reconocer públicamente que el objetivo de muchos es obtener algún beneficio de su participación en la actividad política. Lo grave de eses discursos es que cuentan con el beneplácito de una parte importante de la ciudadanía, que ha consentido que el comportamiento ético sea secundario o sencillamente no cuente para nada.
Pero lo más preocupante es que de una licitud, propiciada por un neoliberalismo letal que permite las puertas giratorias, se pasa a la impunidad de delitos cometidos representando democráticamente al pueblo. A nadie sorprende que la mismísima Corona se vea salpicada por presuntas prácticas corruptas que afectan a destacados miembros de la trasnochada institución. Han sido años de asentamiento democrático en los que se ha priorizado las libertades individuales y los derechos sociales, sin exigir a los poderes del Estado un comportamiento ético ejemplar.
Conozco a docenas de políticos honestos de todas las ideologías, personas con comportamiento impecable en su actividad pública que han perdido dinero por su dedicación a la política, que han restado tiempo de su vida familiar a conseguir mejoras para sus conciudadanos y han salido de la política con el mismo patrimonio con el que han entrado. Que cada cual juzgue a los que han desempeñado responsabilidades en su ámbito local, provincial, autonómico y estatal. “Por sus hechos los conoceréis”.
Se ha valorado positivamente el papel del Juan Carlos I el 23-F a pesar de las dudas de su vinculación con el golpe, su aparente ingenuidad y simpleza, su sentido del humor, incluso sus presuntos escarceos amorosos, su limitada oratoria o sus aficiones deportivas, todo eso era visto por el pueblo como una debilidad humana del monarca que lo hacía más popular. Pero lo que daña gravemente el prestigio de la Jefatura del Estado y por lo tanto a España es su presunta implicación en actividades de comisionista y evasor de impuestos en sus relaciones con la teocrática Arabia Saudí. Los hechos han favorecido la causa de la República más que los esfuerzos de todos los republicanos y ha perjudicado a su hijo más que todas las conspiraciones palaciegas y problemas territoriales.
Como apuntan las sociólogas argentinas Sautu, Boniolo e Iñaqui Perugorría, refiriéndose a la situación social y económica Argentina: “Existen situaciones que son definidas como corruptas aun cuando son normativamente legales”. Desgraciadamente lo mismo es aplicable a nuestro país.
