El Congreso no investigará finalmente a Juan Carlos I por el uso de tarjetas opacas tras su abdicación, entre 2016 y 2018. Los dos partidos coligados en el Gobierno han mantenido posturas opuestas: Podemos lo reclamó, el PSOE ha votado en contra en la Mesa del Congreso. Quede constancia de que tan legítimo es solicitar la investigación como oponerse a ella, otra cosa es analizar los argumentos con los que el PSOE ha sostenido esa decisión.
Afirman que entre las funciones del poder legislativo no está la de controlar a la jefatura del Estado, pero se da la circunstancia de que Juan Carlos ya no es jefe del Estado ni la comisión pretende investigar irregularidades durante su reinado, protegidas por una anacrónica inviolabilidad e irresponsabilidad, sino tras su abdicación. Esa es la razón por la que los letrados de la Cámara, que se opusieron a tramitar esta petición en ocasiones anteriores por querer investigar asuntos que estarían protegidos por la inviolabilidad, han sido favorables a esta última iniciativa que acota el ámbito de investigación y que se ajusta a la potestad que Congreso y Senado tienen para constituir comisiones de investigación "sobre cualquier asunto de interés público", según marca la Constitución sin restricciones.
En los últimos días, la ministra de Defensa también ha manifestado que una investigación así va en contra de la monarquía "y en una democracia sólida y seria no es bueno que se cuestionen las instituciones. Un argumento endeble que confunde la actuación de los individuos con las instituciones que representan. Más bien, una democracia sólida y seria se protege investigando y juzgando a aquellos que más que servir a la democracia se sirvieron rastreramente de ella. No hay mejor forma de defender las instituciones. Que la monarquía necesita una reforma es tan evidente que hasta el propio rey Felipe lo ha reconocido y verbalizado. Una reforma que la haga más transparente, que elimine protecciones anacrónicas y que la someta a controles como los que tienen los otros poderes e instituciones del Estado. Y parece evidente que, aunque la monarquía tenga una raíz familiar, no es la familia Borbón la que debe emprender o dirigir esa reforma, sino el parlamento, en donde se sientan quienes representan al pueblo español, que es en quien reside la soberanía nacional de la que emanan todos los poderes del Estado, según establece nuestra Constitución. Para que no parezca que la democracia es súbdita del rey cuando, en realidad, es el rey quien debe ser súbdito de la democracia.
