El bienestar no sólo no está reñido con la austeridad, sino que no se puede ni concebir ni articular sin ella. La austeridad no puede entenderse como privación de lo necesario, sino como ajuste a lo necesario, y consecuentemente limitación de lo superfluo. Si no es posible realizar políticas austeras de bienestar no es posible implantar un bienestar social real, equitativo y progresivo, capaz de asumir -y para todos- las posibilidades cada vez de mayor alcance que las nuevas tecnologías ofrecen. Insistimos en que austeridad no significa privación de lo necesario.
Políticas de austeridad no significan por otra parte simplemente políticas de restricción presupuestaria. Las políticas de austeridad debieran contar con la implicación de los ciudadanos en el recorte de los gastos superfluos y en la reordenación del gasto público. Sin la participación activa y consciente de una inmensa mayoría de los ciudadanos considero que es imposible la aproximación al Estado de bienestar social que todos, de una manera o de otra anhelamos. Es necesaria por parte de la ciudadanía la asunción de la responsabilidad pública en su conducta particular, para hacer posible la solidaridad, la participación, que es meta de la acción pública.
En realidad, la austeridad es una propiedad connatural al manejo de los fondos públicos en todo tiempo y lugar. Manejo que ha de hacerse pensando especialmente en las necesidades colectivas de los más frágiles y vulnerables pues si se usan los fondos públicos para otras finalidades como la propaganda, el pago de favores políticos o el control social, entonces ese gasto público atentaría contra los más elementales parámetros de la solidaridad intergeneracional al endosar a las nuevas generaciones cargas en tantos casos irracionales.
