La contratación pública en un Estado social y democrático de Derecho es algo más que una categoría jurídica. En efecto, además, es una política pública desde la que se pueden alcanzar los objetivos de este modelo de Estado. Por eso, la política pública de contratación debe estar abierta a la justicia social, al comercio justo, a la protección del medio ambiente, a la contemplación de las bellezas naturales, de la protección del patrimonio histórico artístico o, por ejemplo, a la protección del litoral. La sensibilidad social en la materia alude a que las políticas públicas han de facilitar medios y posibilidades para que los ciudadanos puedan, a través de la actividad de la contratación pública, en cualquiera de sus manifestaciones, puedan vivir una vida más humana y solidaria.
El caso de la política social es paradigmático. En efecto, sírvanos como ejemplo la acción del Estado en relación con los colectivos más desfavorecidos, en los que -por motivos diferentes- contamos a los marginados, los parados, los pobres, los mayores. Las prestaciones del Estado nunca pueden tener la consideración de dádivas mecánicas, más bien el Estado debe propiciar con sus prestaciones el desarrollo, la manifestación, el afloramiento de las energías y capacidades que se ven escondidas en esos amplios sectores sociales y que tendrá la manifestación adecuada en la aparición de la iniciativa individual y asociativa. A través de los contratos públicos es posible, y deseable, mejorar la acción pública social incluyendo inteligente y razonablemente cláusulas que permitan atender mejor a las diferentes finalidades de la política social.
Un planteamiento de este tipo permite afirmar claramente la plena compatibilidad entre la esfera de los intereses de la empresa y de la justicia social, ya que las tareas de redistribución de la riqueza deben tener un carácter dinamizador de los sectores menos favorecidos, no conformador de ellos, como muchas veces sucede con las políticas asistenciales del Estado. Además, permitirá igualmente conciliar la necesidad de mantener los actuales niveles de bienestar y la necesidad de realizar ajustes en la priorización de las prestaciones, que se traduce en una mayor efectividad del esfuerzo redistributivo. A través de la contratación pública se pueden ofrecer bienes y servicios rentables para el mundo de la empresa que, a la vez, contienen elevados estándares de sensibilidad social. Los planteamientos de la denominada economía del bien común van en esta dirección.
