Efectivamente, estos días una ONG acaba de señalar que en 2016 el 1% de la población mundial acumulará más riqueza que el 99% restante.
Los indicadores existentes acerca de la desigualdad en el mundo registran una misma tendencia. Efectivamente, estos días una ONG acaba de señalar que en 2016 el 1% de la población mundial acumulará más riqueza que el 99% restante. Es decir 70 millones de personas de todo el globo tendrán más dinero que el total de 7.000 millones habitantes del planeta. Una dato que habla por sí sólo de la eficacia de la lucha contra la pobreza y, sobre todo, acerca de la capacidad de la minoría dirigente de influir en su propio beneficio en las grandes decisiones globales de carácter económico y financiero. En otras palabras, la brecha entre ricos y pobres crece y crece sin parar.
En este contexto, se arbitran diversas soluciones. Una es la subida del salario mínimo interprofesional. Otra es el aumento de la imposición a los que más tienen. También se preconiza la oferta de cursos de formación a los adultos desempleados. Probablemente, una adecuada combinación de medidas como las expuestas ayude a intentar resolver un problema complejo, que, a la vez, se agrava ante los dos principales males de este tiempo: el desempleo y la corrupción. Obama acaba de anunciar que subirá la imposición a las grandes fortunas que en otras latitudes exigen, con éxito, bajos impuestos, a cambio de tributar en dichos territorios. El salario mínimo interprofesional, sin embargo, sigue estancado en tantos países en cifras vergonzantes.
En efecto, la lucha contra el desempleo y la corrupción son las principales políticas a que debería entregarse el gobierno de países en los que ambos parámetros alcanzan dígitos inaceptables. El desempleo en España ya sabemos en qué cifras se mueve y hace poco un informe sobre la corrupción en la UE atribuía un coste de 40.000 millones de euros la factura de la corrupción que se ha instalado entre nosotros. Estos días, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia alertaba en un informe de que se despilfarran cerca de 47.000 millones de euros al año en la contratación pública.
La desigualdad dejaría de ser tal si hubiera trabajo para todos. El derecho al trabajo es una exigencia básica para que el ser humano pueda vivir en un ambiente de razonable dignidad. Sin trabajar es muy difícil realizarse como persona. Igualmente, si se pudieran recuperar los miles de millones de euros que según parece se lleva la corrupción en España, se podrán atender mejor determinados servicios sociales que hoy bajo mínimos ante los recortes procedentes de la mitificación de la austeridad y estabilidad.
Hasta la OCDE reconoce que la desigualdad tiene un impacto negativo y significativo en el crecimiento económico a medio plazo. Un informe de esta organización dado a conocer recientemente reconoce que el problema no está en la lista Forbes sino en lo que acontece con las personas que tienen menos ingresos. Este informe señala que un aumento en el índice Gini (en el que 0 es una distribución de renta totalmente igualitaria y 1 representa la mayor desigualdad) registrado en España, pasando de 0,31 a 0,34, rebaja el crecimiento económico en 0,34 puntos porcentuales por año. O, en otras palabras, una pérdida acumulada del 8,5 % en 25 años si no se consigue bajar el nivel de desigualdad en ese período.
La lucha contra el desempleo y contra la corrupción debería concitar el mayor esfuerzo en términos de medios personales y materiales de los gobiernos. Para ello, es menester revisar los subsidios y ayudas sociales y analizar el grado de eficacia de los controles existentes para luchar contra la corrupción. Cuándo descienda el desempleo y la corrupción, la desigualdad seguirá la misma suerte. Esperemos.
