Opinión

Una estrategia anticorrupción

Las reacciones frente a una corrupción general y sistémica, que inunda la vida social, privada y pública, han estado presididas por la promulgación de normas y normas jurídicas, por la declamación teórica, que, sin embargo, no consiguen detener el paso firme y constante de esta colosal lacra social que mina los fundamentos éticos y morales de nuestra sociedad y abre una brecha inquietante entre ciudadanos y políticos, sobre todo.

En este contexto es menester poner en marcha políticas y medidas más concretas en las que participen los funcionarios y autoridades públicas, las empresas, la sociedad civil y los ciudadanos para superar la desconfianza reinante en la vida pública, en las necesarias inversiones y, sobre todo, restaure una cultura democrática que, aunque no queramos reconocerlo, se está diluyendo al socaire de la moda populista y demagógica.

En este sentido, es necesario reformar, a fondo, el régimen de la contratación pública, no para complicarlo hasta el paroxismo inundándolo de una multitud de exigencias formales absurdas, sino profundizando en la transparencia, en la objetividad y en la rendición de cuentas, que, con un uso inteligente de las nuevas tecnologías, son verdaderamente los asuntos clave. También se precisa reformar el régimen de la financiación de las campañas políticas para que el dinero no sea el gran protagonista y si lo sea la argumentación y exposición de propuestas de las distintas formaciones y de sus candidatos de manera que puedan llegar con facilidad a los electores.

El sistema de justicia penal, sobre todo en Iberoamérica, debe modificarse para evitar la captura del Estado por las élites políticas y financieras. El Consejo asesor anticorrupción del BID plantea en esta materia que se exploren acuerdos de culpabilidad, incluyendo la negociación de cargos y la cooperación internacional que contribuya a acelerar la resolución de estos casos.

Obviamente, la estrategia anticorrupción debe incluir integralmente medidas como las comentadas sin olvidar la dimensión educativa, pues si las personas en la escuela y en el colegio se familiarizan con los valores y entienden bien la importancia de las prácticas éticas es más fácil que las medidas formales cumplan su función. Si la sociedad en su conjunto, y las personas en particular, no están convencidas de la relevancia de actuar siempre bien, poco o nada se podrá conseguir.

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