La gestión de la transparencia por parte de muchos gobiernos y administraciones en este tiempo de pandemia deja mucho que desear. Tanto en su dimensión activa como pasiva. Tal comportamiento manifiesta prácticas despóticas y autoritarias que confirman la baja, o nula, calidad de esas democracias. Precisamente cuando el ordenamiento atribuye poderes más intensos y extensos a los poderes públicos, quienes los dirigen deben ejercerlos de forma más templada y, por supuesto, de forma más transparente que en situación de normalidad.
Parece que, sobre todo en tiempos de excepción, en plena emergencia sanitaria, quienes desprecian la transparencia, se olvidan que el ciudadano ya no se conforma con ser representado en las principales instituciones del Estado, sino que quiere participar de manera personal, y con mayor intensidad cada vez, en la toma de decisiones que le afectan y ejercer un control mayor de la gestión de la actividad de interés general y de la ejecución de los presupuestos públicos.
Tanto la transparencia activa como el derecho de acceso a la información pública, transparencia pasiva, son manifestaciones de que en democracia el dueño y soberano del poder es el ciudadano y a él deben reportar las autoridades, de los tres poderes, que lo representan. Algo, que por lo que se ve, no preocupa absolutamente nada a quien incumple sistemáticamente las obligaciones de transparencia escudándose en que no existen en la norma sanciones para dichas contravenciones. Como si un comportamiento autoritario, por no estar previsto en la legislación, dejara de serlo.
Sin acceso a la información de interés general de forma real, veraz, efectiva y completa, no hay democracia sencillamente porque la participación, pilar fundamental, es una quimera, una farsa. Justo lo que está pasando en este tiempo. El acceso a la información de interés general no es una opción, o una extravagancia, menos un ejercicio elitista o un resabio de la burguesía corrupta, es, lisa y llanamente, una condición necesaria para la democracia que en estos tiempos de excepcionalidad no debiera ser necesario remembrar. Pero el grado de calidad democrática al que hemos llegado es hoy tan baja, que hasta las verdades del barquero deben ser recordadas.
