Para la política, incluso para la economía, el gas –un hidrocarburo mezcla de gases ligeros de origen natural– era antes una importante fuente de energía, pero no era el centro de la actualidad. Hoy sí lo es, especialmente en esta semana que ha protagonizado tres acontecimientos importantes.
Por un lado, el gas subió al pedestal de los grandes titulares en el Viejo Continente una vez que Rusia decidió cortar el gas a Europa a través del Nord Stream de forma indefinida. Gazprom alegó que una fuga impide reabrir el gasoducto, pero la UE acusó a Moscú de recurrir a “pretextos falaces”. La decisión tuvo que ver con la imposición por parte del G-7 –foro formado por Alemania, Canadá, EE UU, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, en el que la UE está representada– de un tope al precio del petróleo procedente de Rusia.
En segundo lugar, el gas centró el cambio de rumbo de la Comisión Europea en materia energética al asumir –al fin– que la situación del mercado energético europeo es insostenible. “Necesitamos un instrumento de emergencia que sería activado muy rápidamente, quizá en cuestión de semanas”, anunció Ursula von der Leyen, presidenta del ejecutivo comunitario. En esto el Gobierno español fue por delante, pero durante año y medio no le hicieron caso. El cambio se debe –antes y ahora– a que el gas domina el precio del mercado de la electricidad y ante sus precios exorbitantes los socios de la UE intentan “desacoplarlo”.
Por último, el gas es también protagonista en España tras anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que procederá a la bajada del IVA para este hidrocarburo, del 21% al 5%. El objetivo es doble: abaratar los precios energéticos y mitigar las consecuencias de la inflación. Ese mismo día, muchos consumidores recibían cartas de sus empresas proveedoras de gas –remitidas con anterioridad– anunciándoles subidas escalofriantes.
Se supone que en los tres casos se trata de medidas excepcionales y transitorias, pero es tal la incertidumbre que ni siquiera eso está claro. El problema de fondo es que Occidente está redefiniéndose ante el desafío del ascenso de China y su cooperación con Rusia, al estar en una época de turbulencias, de confrontación –máxime en Ucrania– y de polarización global.
En materia energética, lo que sucede tiene que ver con un mercado mayorista de la electricidad que define los precios totales por los de la parte más costosa –en este caso el gas–, en un sistema llamado marginalista. El resultado de este mecanismo supone que el encarecimiento del gas se traduce en un descontrol del precio de la luz.
Hace ahora un año, el profesor Albino Prada, de la Universidad de Vigo, ya alertó de esta situación que ahora se pretende corregir e incluso desarrolló un modelo en el que demostraba que, si en vez de aplicarse el método marginal (en los doce meses anteriores), se hubiese imputado la parte de peso y encarecimiento que tuvo el gas en la producción eléctrica, el resultado final, siendo sin duda inflacionario, hubiera sido mucho menos intenso, ya que el encarecimiento del megavatio habría sido de la mitad del anotado hasta septiembre de 2021. El propio alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, había dicho entonces algo similar, pero Bruselas toleró la bomba de inflación y la bomba de superbeneficios de las eléctricas.
@J_L_Gomez
