Al menos en Europa suele considerarse que las reglas creadas por el Estado deben buscar la eficiencia, aquella que mide la producción que se obtiene según la asignación de recursos presupuestados. Con este criterio, se supone que el Estado crea instituciones que fomentan, impulsan y expanden la producción de la forma más eficaz. ¿También en la España actual, con un Estado más pequeño que las grandes economías europeas?
Hoy hay dos corrientes respecto a la valoración de las instituciones que se engloban en los conceptos de la eficiencia distributiva y la eficiencia adaptativa. La eficiencia distributiva propone valorar las instituciones no sólo por sus resultados, sino también por la eficiencia con la que estos resultados se distribuyen en la comunidad, una perspectiva social relacionada con la economía del bienestar, con el concepto de coste de oportunidad y con los criterios paretianos: la regla del 80-20, la ley de los pocos vitales, etcétera. En su formulación más tradicional la eficiencia distributiva se alcanza cuando los recursos se distribuyen de tal forma que maximizan el llamado Estado del bienestar. Por su parte, la eficiencia adaptativa busca el modo en que la economía evoluciona a lo largo del tiempo, léase la inclinación de una sociedad a adquirir conocimientos y a aprender, a inducir la innovación, a correr riesgos y a mantener una actividad creadora, así como a resolver problemas. Lo primero nos suena más a Europa, lo segundo tal vez nos hace pensar más en Estados Unidos. ¿Y a qué nos suena España?
En un mundo caracterizado por la incertidumbre, cuesta cada vez más tener la respuesta correcta a todos los problemas. Seguramente la sociedad que permita la realización del mayor número de ensayos será la que tenga mayores probabilidades de resolver problemas a través del tiempo. ¿También en la España actual?
Decía el socialdemócrata alemán Willy Brandt que en un Estado con economía social debe haber tanta intervención como sea necesaria y tanta competencia como sea posible, pero en los tiempos que corren no siempre se puede dar por cierto que el Estado, por sí solo, sea capaz de crear las reglas de juego que conducen al crecimiento económico y, en definitiva, al bienestar social. El neoliberalismo se ha llevado por delante la socialdemocracia sin que ésta supiera dar respuestas al capitalismo en una economía global, al menos desde el punto de vista financiero. Por eso mismo, al Estado le cuesta cada vez más establecer un conjunto de reglas del juego que incentiven la participación económica y creativa por parte de todos.
Los recientes debates de la frustrada investidura del socialista Pedro Sánchez -todo un gran circo mitinero- han estado lejos de analizar qué pasa realmente en España y qué puede hacer su economía en el contexto europeo del que depende, lo cual no deja de ser una pena tratándose -todavía- España de una de las economía más importantes del mundo, con el hándicap de que su crecimiento y desarrollo económico están amenazados por la falta de un modelo de economía productiva alternativo al del ladrillo.
Todo lo que ahora parece imposible políticamente no lo fue en los pactos de la Moncloa, con un país menos moderno y mucho menos desarrollado, pero con mejor talante y formación en sus principales líderes. También, por cierto, con una ciudadanía más ilusionada.
@J_L_Gomez
