Hay cosas de la política –especialmente la económica– que el sentido común suele indicar, pero que a veces se intentan maquillar e incluso distorsionar, sin que a menudo se entienda bien el objetivo final. Una de ellas tiene que ver con lo que gasta e ingresa el Estado y lo que pide a crédito cuando hay déficit, que es lo más habitual.
Entre unas cosas y otras, que la pandemia se encargó de agravar, España fue acumulando una deuda pública que batió sucesivos récords históricos, solo posibles gracias a que el Banco Central Europeo compró la deuda española prácticamente sin límite alguno.
Este gasto tan expansivo se presenta a veces como un mérito político que puede dar pie a la idea –falsa– de que no hay límite para el endeudamiento. Dicho de otro modo: sin el BCE, España no hubiera podido mantener su Estado del bienestar.
Otro equívoco con el que se juega es con la idea de que eso no pasó solo en España, sino también en otros socios de la UE y especialmente en aquellos que forman parte de la eurozona. La verdad es que no tanto, salvo casos aislados. Y, lo que es peor, nada de eso pasó en las mismas condiciones, ya que España, al recuperarse menos que otros, tuvo que endeudarse más.
De hecho, como la pandemia se llevó en 2020 un 10,8% del PIB español y en 2021 creció un 5,1%, España tendría que crecer este año al menos un 5,7% para recuperar el nivel de 2019, si bien ya se sabe que con la previsión actualizada del Gobierno no será posible volver al PIB de 2019 hasta 2023, es decir, dos años después que otros países desarrollados, que ya recuperaron en 2021 todo lo perdido en 2020.
¿Cuál es entonces la conclusión? La principal es que no debería ser necesario advertirle al Gobierno de que debe corregir el rumbo; máxime cuando ahora el BCE anuncia que retirará la protección –comprará menos deuda– y subirá los tipos de interés, de modo que será obligatorio volver a la disciplina fiscal en 2023.
Pero la advertencia es necesaria porque el Gobierno –o al menos un sector del ejecutivo de coalición– no se da por enterado de la cruda realidad. ¿Y quién se encarga de ser el poli malo? Pues un organismo independiente de control fiscal cuyo objetivo es garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, así como la sostenibilidad financiera del país. Es la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España (AIReF), con su presidenta al frente –Cristina Herrero Sánchez– la que critica la falta de medidas y de ambición en los objetivos de deuda.
Si el Gobierno no toma esas medidas, el déficit se enquistará en torno a un 3% del PIB y la deuda empezará a subir en relación con el tamaño de la economía a partir de 2025, hasta pasar desde el 108,8% del PIB hasta el 140% en 2040. Palabras mayores.
El planteamiento de la AIReF es de libro: aunque los ingresos aumenten gracias a la inflación, el déficit público irá a peor a medio plazo, debido a los mayores intereses y las actualizaciones de pensiones, salarios de funcionarios y contratos públicos. Y la conclusión subrayada por Cristina Herrero Sánchez no deja margen de duda: cualquier aumento de los ingresos por encima de lo previsto debería destinarse reducir el endeudamiento. ¿Se está haciendo? No.
Solo un dato más para apreciar la gravedad de esta crisis: el gasto por intereses aumentará en unos 20.000 millones de aquí a 2025 respecto a lo que se preveía hace solo un año.
