Si en España fuese posible un diagnóstico común sobre la situación económica del país, sin triunfalismos ni descalificaciones globales, tal vez sería más fácil sentar las bases de una legislatura para el optimismo que, en buena lógica, debería comenzar en 2016.
El consenso previo sobre el diagnóstico es esencial porque de no existir será imposible establecer las prioridades compartidas. Parece fácil pero no lo es. El Gobierno y la Oposición no sólo discrepan sobre sus políticas económicas de futuro, donde hay más sombras que luces, sino sobre cuál es la realidad de España, a pesar de que la mayor parte de las cosas se pueden medir y cuantificar. En la economía se habla de sensaciones, perspectivas, etcétera pero en general se constatan datos y ratios. Es decir, cifras absolutas y porcentajes.
La prueba más evidente de que se discrepa la dio esta semana en A Coruña el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno al negar la desigualdad, cuando es algo evidente, a la luz de las estadísticas, tanto españolas como europeas, ya sean de organismos públicos o de servicios de estudios privados. Menos mal que no negó también el paro...
Todo tiene una explicación. En España se ha hecho una importante devaluación interna, muy acusada en los salarios, como arma para recuperar competitividad. Para eso se hizo la reforma laboral. También se subieron los impuestos directos e indirectos, porque los ingresos públicos se vinieron abajo, sobre todo debido a la caída en picado del impuesto de Sociedades. Aún así el ajuste no impidió el cierre de muchas empresas y organismos, así como los recortes de plantilla en otras compañías privadas e instituciones públicas, lo que dio lugar a mucho desempleo que el Estado no fue capaz de subsidiar plenamente. A mayores de eso se introdujeron recortes a granel en el sector público, que afectaron sobre todo a la sanidad y la educación, sin distinguir a menudo entre gasto productivo e improductivo. Dicho en otras palabras: pudo haberse hecho el ajuste, ya que era necesario, pero se pudo haber hecho mejor.
En ese contexto, muchos recursos del Estado se utilizaron para sanear deudas y los bancos, lo cual hizo caer las inversiones públicas, sin que el sector privado diese señales de vitalidad, salvo excepciones de empresas como Inditex. E incluso se dio el caso de generarse endeudamiento para cubrir déficits innecesarios, de modo que en esas operaciones sólo salieron ganando los mercados financieros pero no los contribuyentes.
El resultado de todas esas cosas es que el Estado debe ahora muchísimo más dinero, sigue teniendo un déficit apreciable aunque más contenido que al comienzo de la crisis, y hay mucho paro por falta de actividad, sin que las ayudas públicas cubran las necesidades de todos los desempleados. Son las familias las que amortiguan esa precariedad, de modo que las pensiones de los abuelos -lo único que dejó un poco a salvo el Gobierno de Rajoy- se utilizan para su supervivencia y la de sus hijos y nietos.
Hay más problemas en España, algunos de mucho calado como la demografía, otros no menos decisivos como la falta de innovación, pero en general las cosas se mueven en torno a un crecimiento de baja calidad, mucho desempleo, precariedad salarial, peores servicios públicos, escasas inversiones y graves diferencias territoriales, con riesgo de ruptura entre España y Cataluña. ¿Y aún así hay salida? Sí. España tiene la suficiente creatividad y los recursos humanos y materiales suficientes para salir de esta. Pero sólo lo conseguirá si sabe encajar las piezas, por eso sería tan conveniente el consenso.
@J_L_Gomez
