El Gobierno de España necesita cerrar este mes la segunda parte de la reforma del sistema de pensiones –la difícil, la primera fue la fácil– para poder cumplir sus compromisos con Bruselas, que maneja el grifo de los fondos de recuperación Next Generation EU.
El ministro encargado de hacerlo es José Luis Escrivá, un político siempre controvertido que busca el apoyo de sindicatos y empresarios a su propuesta de reforma, uno de cuyos pilares es la ampliación de la base de cálculo, para pasar de los actuales 25 años hasta los últimos 30 de vida laboral, si bien dos de ellos podrían descartarse, con lo cual la reforma se acotaría a 28 años.
La tendencia histórica define un avance hacia el incremento de la base de cálculo de las pensiones. Ahora toca dar un nuevo paso, tras otros que ya se dieron en 1997, cuando se pasó de 8 a 15 años, y en 2011, de 15 a 25 años. Nada nuevo bajo el sol.
Es una carrera que no parece tener fin, porque esas sucesivas ampliaciones aliviaron las cuentas de la Seguridad Social, pero no constituyeron una solución definitiva, de lo que se desprende que seguirá aumentando la base de cálculo en los próximos años.
Otro frente de conflicto es la edad de jubilación, ahora en 67 años, pero con presión para subirla en el futuro.
En el lado positivo de la balanza, la primera parte de la reforma del sistema de pensiones estableció en 2021 un nuevo mecanismo de revalorización de las jubilaciones, para que estas subieran automáticamente con la inflación. Actualizar todas las pensiones un 8,5% va a suponer un gasto extra de 15.000 millones de euros para las arcas del Estado, muy endeudadas.
Aun así, más que un problema de gasto en pensiones, España tiene un problema de ingresos para financiar el sistema. En realidad, el problema de España es de ingresos en el conjunto de su sistema fiscal. Son varias las razones que lo explican, empezando por un mayor fraude fiscal que en otros países europeos y una menor fiscalidad ambiental, siguiendo por una baja productividad y un elevado paro estructural, y terminando con una larga lista de deducciones, exenciones y bonificaciones fiscales en varios impuestos; sobre todo en los de sociedades y renta.
En contra de lo que mucha gente cree, el Estado ingresa menos en España que en países como Alemania o Francia, tanto en términos absolutos –lógico, al ser un país más pequeño– como relativos, ya no tan lógico si el país quiere homologarse con sus socios de la eurozona. Hay problemas que tienen solución, como el fraude, la fiscalidad ambiental y las deducciones. Bastaría que el Estado se ponga en serio a trabajar en esos tres frentes. Pero hay otros dos que requieren algo más que disciplina con la ley en la mano: la productividad, muy baja, y el paro, muy alto. Si el país no se industrializa será poco menos que imposible que lo consiga. Alemania, en Europa, o EE UU, al otro lado del Atlántico, tienen salarios altos porque su productividad es alta.
Cuando se habla de las pensiones a medio y largo plazo debería ser obligatorio –por ley– hablar de todas esas cosas, ya que reducir el debate a si son 28 o 30 los años de la base de cálculo o si son 67 o 70 los años necesarios para jubilarse no resolverá el problema estructural de España, Simplemente lo aliviará. Es la diferencia entre que la política la hagan estadistas o meros gestores del día a día.
@J_L_Gomez
