Hasta la vuelta del verano no habrá opción de negociar un pacto de rentas en España. Es algo importante, ya que es una de las dos armas necesarias en la guerra contra la inflación, hoy por hoy desbocada. La otra sería una reforma fiscal completa, pero el Gobierno decidió aplazarla “ante las dudas por la economía”. Unos por otros y la casa sin barrer.
Con el pacto de rentas se pretende que no suban excesivamente los salarios y que las empresas renuncien a parte de sus beneficios, sin elevar sus precios. Lo único que parece asegurado es que los pensionistas vean revalorizadas sus prestaciones, si se aplica la última reforma aprobada. Ya veremos cómo se pagan.
Otro ingrediente es el salario mínimo, cuya subida está comprendida en el pacto de rentas que abandera el Gobierno. La vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, admite un incremento, ya planteado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien se sumó a la propuesta de UGT, que reclama una segunda subida este año ante la espiral inflacionista.
Cuesta avanzar en los acuerdos políticos –poco menos que imposibles– y son cada vez mayores las diferencias entre empresarios y sindicatos, de ahí que estos no descarten un otoño caliente, no con una huelga general –sería injusta para sectores donde ya hay acuerdo–, pero sí con posibles paros parciales.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de coalición (PSOE y Unidas Podemos), es el primer jefe de un ejecutivo que gobierna sin el más mínimo consenso con el principal partido de la oposición. Lo hace, además, en el peor momento de la economía en mucho tiempo, de modo que su fórmula es tan novedosa como arriesgada.
No siempre fue así. En la Transición, el entonces presidente Adolfo Suárez, con la ayuda de Enrique Fuentes Quintana, ideó un gran acuerdo social y político, de manera que los costes de la crisis se repartiesen de forma razonable según los históricos Pactos de la Moncloa, que hicieron posible asentar la democracia.
Sin los consensos –y las reconversiones– que exigía, en los 80, el ingreso de España en la entonces llamada CEE, el país no se habría modernizado. Sin el clima político de los 90, España no estaría en el euro. Sin los acuerdos para salir de la crisis de 2008, el PIB no se habría recuperado en 2018.
Salir de una crisis inflacionista histórica como la actual sin pactos parece una osadía política, pero esta vez está lejos un pacto PSOE-PP, que lo haría todo más fácil. El 10,2% que marcó el índice de precios al consumo (IPC) en el dato adelantado de junio, que publicó el Instituto Nacional de Estadística (INE), forzó a Nadia Calviño a reconocer que hay que trabajar ante “un escenario de inflación más persistente y elevada”, de ahí que el Gobierno proyecte revisar las previsiones macroeconómicas en octubre.
Felipe González estuvo en los Pactos de la Moncloa con la UCD y siguió buscando acuerdos con AP y el PP en los años donde más se notó la modernización económica del país. Las bases del actual Estado de bienestar están en las políticas que desplegó. Y José María Aznar, su sucesor, tampoco eludió los pactos. Del mismo modo que hizo González al darle continuidad a las políticas de Fuentes Quintana (UCD), Aznar supo aprovechar los cimientos puestos por Pedro Solbes (PSOE) para orientar los aciertos atribuidos finalmente a Rodrigo Rato (PP).
@J_L_Gomez
