Opinión

Carta abierta a Victoria Ortega
(Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española)

Estimada compañera:

En primer lugar tengo que darte la enhorabuena por ser la primera mujer que preside a la Abogacía española. Por lo que se observa, sigues la línea continuista del anterior presidente, me imagino que es para mantener la tradición más reciente.

En tu discurso inaugural efectuaste una laudatio de los profesionales del Turno de Oficio, diciendo, entre otras cosas: “También seguiré peleando por la dignidad de los profesionales del Turno de Oficio”. La misma línea sigues en el blog que ya creaste en la página oficial. Lo que me gustaría saber es si estás integrada en el turno o si lo has estado alguna vez, porque decía Santa Teresa que obras son amores y no buenas razones.

Recientemente el Colegio de Ourense al que pertenezco, nos reeenvió la transcripción de una carta que remitiste a los decanos, con relación al tema de Lexnet. A la vista de dicha transcripción, me surgieron algunas dudas y satisfacciones que te expuse personalmente y ahora quiero hacerlo públicamente. Obviamente no he tenido, ni espero, respuesta a la personal, entendiendo que tu actividad de abogada, profesora titular y presidenta del Consejo, no te dejan tiempo para ello.

Respecto a la convocatoria, si no hubo error de transcripción, se decía: “Esta mañana fui convocada a una reunión en el Ministerio de Justicia”. Entendiendo por la redacción que la fecha de la carta (no la conocíamos) era la misma en la que se hacía la convocatoria y si eso era así, te decía que me gustaría saber si comparecer con tal premura de tiempo a la reunión convocada por el ministro en funciones obedecía a lealtad institucional, a la que te referías dirigiéndote al sr. ministro, o más bien a disciplina cortesana.

Si la reunión fue convocada con anterioridad, te pedí que aclarases la razón por la que previamente no se tuvo conocimiento en los colegios (al menos los colegiados no lo supimos), para poder manifestar las posibles discrepancias colectivas (habría que estar en los pasillos de los juzgados), con la finalidad de transmitir al ministro inquietudes colectivas y no simplemente opiniones personales. Más adelante en la carta se transcribía: “Yo discrepé un poco”. Evidentemente ante esta manifestación ambigua te apuntaba que sería necesario cuantificar la discrepancia, conocer cuál fue el contenido y alcance de la disensión y cuáles fueron los problemas que le planteaste. Y ello, porque los de a pie, ante tal inconcreción nos quedamos en ascuas.

Luego se añadía que: “El ministro entendió las razones por mí expuestas y nos dio libertad para, en la rueda de prensa que se celebró a continuación, poder exponer lo que estimásemos oportuno”. Y conociendo ese talante del ministro, desde luego, no se puede pedir más a un amable y bondadoso gobernante que nos concede graciablemente que nos expresemos. Es un lujo que el ministro hasta "te dio libertad" de expresión para que dijeras lo que estimaras oportuno. ¡Yo es que ya no sé qué más podríamos querer! Antonio Pedrol Rius tenía una praxis diferente con los ministros; también defendió por el Turno de Oficio, pero eso quizás sean simplemente añoranzas del pasado.

Como colofón añadías: “El viernes lo trataremos y analizaremos la situación para poder, en su caso, trasladar al ministerio las propuestas o acuerdos que estimemos oportunas”. Pero por lo que luego se desprendió de los acuerdos tomados en el Pleno, habéis decidido no tratar el asunto, pero eso sí, convocar una reunión con carácter urgente de todos los presidentes de Consejos Autonómicos de Colegios de Abogados, para analizar los problemas generados por la puesta en marcha el 1 de enero de LexNET. Esto pone de manifiesto la práctica habitual para afrontar los problemas: crear comisiones y convocar reuniones. O quizás es que por lealtad institucional preferís esperar a que el sr. ministro os conceda la venia.

Presidenta, seguimos siendo el país de los chiringuitos, LexNET es una plataforma que ha generado puestos de trabajo en una época de crisis, pues al menos han surgido al menos otras dos que sepa: la del Consejo General de la Abogacía y la del Consejo General de Procuradores. Efectivamente lo ideal para que las cosas no funcionen y se necesite contratar nuevos servicios es crear sistemas superpuestos, quizás con incompatibilidades, que es normalmente parte del problema. La plataforma de la Abogacía no deja de ser más que un gestor de correo electrónico, no un acceso directo al expediente judicial. Pero eso ya vendrá más adelante con otros presupuestos y otras contrataciones que es lo que realmente parece que interesa.

También habéis remitido un proyecto del Código Deontológico, al que se ha denominado compilación en el preámbulo, pero que en su propio articulado dice que los Consejos de Colegios de las diferentes Autonomías y los Colegios habrán de remitir las normas deontológicas que tuvieren aprobadas a la Secretaría General del Consejo General de la Abogacía Española y ésta obtendrá de la Secretaría del CCBE los de los demás países de la Unión Europea. Ese proyecto no se acompaña de un proyecto de reglamento para el nombramiento de los/as miembros que han de formar las comisiones deontológicas. De hecho, en el primer Pleno del Consejo ya se ha efectuado una elección del presidente y me gustaría saber si es una designación política al uso o se han seguido criterios objetivos que desconocemos. La experiencia ilustra que lo importante en las instituciones son las personas que las rigen.

Son cuestiones que me gustaría aclarar desde mi posición de abogado raso.

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