Recientemente se informaba por parte de la Concejalía de Sanidade que durante el primer semestre del año se habían incoado 29 expedientes a menores por consumo de alcohol en la vía pública, tres más que en el mismo periodo de 2017, lo que supone un incremento del 11.5 por ciento. Es obvio que esta problemática sigue latente y que aún no se han implementado las medidas oportunas para atajarla.
Cuando se reunió en Ourense el Foro de expertos que convocó la Consellería de Sanidade para buscar soluciones al problema del botellón, se habló de la necesidad de mejorar en las herramientas educativas, tanto institucionales como desde el ámbito familiar, para lo cual es necesario contar con la implicación de los padres para que se conciencien y ejerzan su responsabilidad de velar por la seguridad de sus hijos. Pero, asimismo, se hacía hincapié en que había que desvincular la idea de diversión y socialización con el consumo de alcohol, mediante una oferta más atractiva de ocio alternativo y subrayándose que el botellón es “un problema social y de salud más que algo que genera molestias por ruidos nocturnos o suciedad”.
Mientras tanto, el Concello sigue perfilando la “Ordenanza Municipal reguladora da convivencia cívica e protección da saúde do consumo, venda, publicidade e/ou promoción de bebidas alcohólicas no espazo público do concello de ourense”, o lo que es lo mismo, la ordenanza reguladora del mal llamado “botellón”. Y la justifica en el sentido de que pretende “o coidado e a protección da saúde, sendo o instrumento que posibilite a disminución dos consumos de alcohol que se producen, con especial atención ao ámbito da venda, ao publicitario e/ou á promoción das bebidas alcohólicas nos espazos públicos” y subraya que “os mozos e as mozas beben porque existe un contexto social que é moi favorable”.
Claro que esta ordenanza se articula básicamente en garantizar un marco de convivencia más socializado, respetando el medio ambiente, el derecho al descanso, a disfrutar de un espacio público limpio y no degradado y la ordenada utilización de la vía pública, “impedindo a utilización abusiva e excluínte de espazos comúns a fin de garantir a pacífica convivencia cidadá”. Lo de la educación ya es otra cuestión que obviamente no se puede legislar, dado que es de incumbencia primero de la familia y luego en la competencia que el sistema determina por parte de instituciones implicadas, empezando por el estamento escolar como primera referencia formativa.
