En los últimos días se han producido dos noticias importantes sobre el aborto. Por un lado, el Tribunal Supremo mexicano ha despenalizado el aborto y ha dado pie a una reforma legislativa que augura su completa legalización en todos los estados del país azteca. Por otro, en la vecina Texas se ha aprobado una ley que restringe fuertemente el plazo de interrupción del embarazo en virtud de un criterio tan extraño y poco científico como el latido del corazón, órgano que obviamente no guarda relación con la existencia o no de una mente consciente. No son los únicos casos recientes de decisiones de signo opuesto. En enero, Argentina se convirtió en el tercer país latinoamericano en permitir el aborto mediante una ley de plazos. El mes siguiente, Polonia fue el primero de Europa en retroceder sobre la legislación previa hasta hacer prácticamente imposible la interrupción legal de la gestación. Este contexto mundial de idas y venidas responde al desarrollo de lo que se ha dado en llamar una “batalla cultural” entre visiones ideológicas, que afecta a muchos aspectos de la libertad individual y, de manera particularmente intensa, al debate sobre el aborto.
La preferencia humana por las dicotomías simples induce a ver dos únicos bandos en esa batalla: izquierda y derecha, “progres” y “fachas”. Y se asigna automáticamente a los primeros el apoyo al aborto y a los segundos su rechazo, pese a que dictadores del primer campo, como Ceausescu, lo prohibieron y pensadores del segundo, como Ayn Rand, lo aprobaron. Pero la cuestión es mucho más compleja. Es verdad que la mayor parte de la izquierda política apoya las leyes de plazos, y la mayor parte de la derecha exige restricciones mayores de esos plazos, la introducción de supuestos tasados o la prohibición total. Pero dista mucho de estar resuelta la cuestión en grandes regiones del espectro ideológico, y principalmente entre los libertarios y los liberales clásicos.
En mi opinión, desde una perspectiva netamente libertaria que asume todo el acervo filosófico previo del individualismo político, incluido el liberalismo original de la Ilustración, el debate queda superado cuando se introduce un elemento que normalmente no aprecian los colectivistas y estatistas, ya sean de izquierdas o de derechas: la jurisdicción. Los primeros entienden que el aborto es una cuestión de derechos positivos, aunque fundamentalmente la resuelven en clave de inducción social, a veces bastante coercitiva, de abortos poco meditados, impidiendo que sea el individuo (la gestante) quien reflexione libre y profundamente. Los segundos se pierden en la discusión estéril sobre si hay vida humana en el nasciturus, lo cual es evidente, y de ahí extraen visceralmente la legitimidad de imponerle a la gestante la obligación de seguir gestando. Ninguno de los dos bandos tiene en cuenta suficientemente el concepto de jurisdicción. Quienes recurrimos a él desde posiciones liberales o libertarias, reconocemos algo que ellos coinciden en rechazar: que el ser humano posee de forma inalienable una jurisdicción exclusiva sobre cuanto acontece en el interior de su cuerpo, incluidos procesos como el alojamiento de otro cuerpo y la aportación de sustancias, nutrientes y otros elementos al mismo (es decir, la gestación). Tan irrestricta es la jurisdicción sobre el cuerpo y sus procesos que ampara la propia terminación voluntaria de la vida. Si esto no fuera así, el cuerpo de una persona no sería propiedad de ésta, y por lo tanto sería propiedad del colectivo, de la sociedad, del Estado. Esa aberración jurídica podría entonces emplearse, por ejemplo, para obligar a donar órganos en vida, a cultivar en el cuerpo tejidos u órganos para un tercero, o incluso a aceptar una gestación programada por el Estado si éste decidiera que hacen falta más niños. No es ciencia ficción, ya existió un Lebensborn y ya ha habido regímenes que han inducido u obligado a procrear.
Si la jurisdicción sobre los procesos del propio cuerpo es, obviamente, exclusiva de su dueño, que es, también obviamente, la persona que lo habita, entonces el debate sobre el aborto queda bastante superado: la jurisdicción implica, no un “derecho” al aborto (como dice la izquierda), sino la libertad de abortar. Y, no habiendo jurisdicción externa, ni siquiera la del Estado, sobre el ámbito en cuestión, la dueña del cuerpo gestante puede continuar o no ese proceso. Y a partir de ahí, las demás personas sólo pueden respetar o condenar moralmente sus acciones, pero nunca intervenir, ni para obligarla a gestar ni para obligarla a abortar (como también puede suceder). Por suerte, este debate tan divisivo va a quedar aún más superado cuando la tecnología de superincubadoras progrese hasta fases muy tempranas de la gestación, permitiendo así que deje de gestar quien no quiera continuar el proceso pero, al mismo tiempo, se pueda continuar con garantías la gestación en un entorno externo. No creo que queden muchos años para ese avance. No hay debate, por complejo y enrevesado que sea, que no resuelva al final la razón humana, traducida en ciencia y tecnología.
