El Impuesto de Sucesiones es seguramente el tributo más impopular, y es el único que en estos cuarenta años largos de democracia ha provocado incluso manifestaciones de miles de ciudadanos en su contra, en diversas comunidades autónomas de toda España. La Plataforma Stop Sucesiones, apoyada por infinidad de organizaciones de la sociedad civil y por el Partido Libertario y otras formaciones políticas sin representación, se echó a las calles a mediados de la década pasada para denunciar cómo en plena crisis económica decenas de miles de españoles tenían que renunciar a sus herencias, perdiendo no solamente el patrimonio económico de sus familias, sino también, en muchas ocasiones, la casa de su infancia y otros bienes de alto valor sentimental. El Estado actuaba como una auténtica apisonadora de herederos, pero aquellas movilizaciones no fueron estériles, y poco a poco algunas comunidades autónomas empezaron a recapacitar. Es lamentable que un lustro y pico más tarde, en medio de otra crisis aún peor, alguna comunidad se haya permitido aprovechar la coyuntura para subir Sucesiones, contando quizá con hacerse con muchos bienes y capitales a causa del exterminio de ancianos por una terrible epidemia. En efecto, Cataluña subió el impuesto en primavera de 2020 y recaudó un alrededor de un 70% más por Sucesiones en ese ejercicio. Pero, en general, los gobiernos autonómicos han ido sumándose a la bonificación total o casi total a los herederos directos, y Andalucía la ha extendido recientemente a los familiares supuestamente “indirectos”, como hermanos, primos o sobrinos. Las diferencias de tributación por Sucesiones entre unas comunidades y otras son ya muy relevantes, hasta el punto de que algunas familias estén empezando a tenerlas en cuenta a la hora de planificar la sucesión.
La tensión entre las comunidades autónomas a causa de la fiscalidad autonómica tiene nuevamente al Impuesto de Sucesiones en el centro de la polémica, ya que el gobierno Sánchez parece decidido a deshacer la cesión de este tributo a las regiones, o como mínimo imponer desde Madrid un mínimo de tributación igual, “armonizando” al alza la factura por heredar. Es un grave error, como señala un estudio elaborado hace unos meses por la Fundación para el Avance de la Libertad. Estamos ante un impuesto que ni siquiera existe en otros países occidentales (algunos de ellos tan avanzados como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Suecia, Noruega, Israel, Letonia o Estonia), o es mucho más reducido que el nuestro. De hecho, según un informe de la Tax Foundation emitido hace unos años, somos el sexto país del mundo desarrollado con el tipo general más alto de tributación en Sucesiones, nada menos que un 34% para el supuesto medio contemplado por igual para todos los países analizados. De ahí lo importante de la autonomía fiscal de las comunidades. Intentar deshacerla en Sucesiones es un torpedo a la línea de flotación del ya de por sí magro federalismo fiscal español. Es, por lo tanto, un ataque directo al Título VIII de la Constitución y es lógico, por lo tanto, que varias comunidades hayan anunciado que se resistirán a esta injerencia y cuestionarán su constitucionalidad. Pero es que estamos también ante una lucha meramente ideológica, porque en realidad este impuesto recauda muy poco. No aporta ni el 1% del total de ingresos fiscales. Y sin embargo, machaca sin piedad a los afectados. Aunque ya no se produzcan tantas renuncias a herencias, las sigue habiendo en las comunidades que se resisten a seguir la tendencia española e internacional de reducción o eliminación de este tributo, cuya base ética es más que cuestionable. Por un lado, porque conculca la voluntad soberana del ciudadano en su acto más íntimo y trascendente: la decisión sobre el destino que tendrán tras su muerte los bienes y capitales que con esfuerzo reunió durante toda su vida. Y, por otro, porque se somete a la masa hereditaria a una doble o múltiple tributación: se trata de dinero y propiedades por las que ya se pagó impuestos, y no precisamente bajos, durante la vida de su dueño anterior.
Lo ideal en España sería abolir el Impuesto de Sucesiones y, eso sí, compensar a las comunidades autónomas con la cesión de nuevos tributos estatales o la ampliación, por ejemplo, de la del IRPF, avanzando en el necesario federalismo fiscal. Pero si esto resulta imposible, el mencionado estudio propone a las comunidades autónomas unificar todos los grupos de herederos acabando con la arcaica discriminación por ausencia de parentesco e incluso por el grado de éste. El impuesto debe bonificarse al máximo posible e idealmente al cien por ciento. Es necesario acabar con la valoración forzosa del ajuar a un tipo marcado por la administración, establecer una cifra tope de pago como garantía para el contribuyente, dejar exentas las herencias consecutivas (por ejemplo ante el fallecimiento de padre y madre en un plazo corto) y eliminar la plusvalía municipal en los casos de adquisición por herencia, además de dejar siempre exenta la primera vivienda.
