Tras el allanamiento del Capitolio estadounidense, las mayores redes sociales congelaron o finalmente cerraron las cuentas de Donald Trump. Esto ha provocado reacciones airadas de quienes simpatizan con él, pero también de otras personas que, sin tener especial aprecio al mandatario, consideran esas acciones como censura y, por lo tanto, ven una vulneración intolerable de la libertad de expresión. En particular, los liberales clásicos y los libertarios somos muy sensibles a cualquier limitación de la libertad de expresión, porque sabemos que es la clave de bóveda de todo el edificio de libertades.
En efecto, si no podemos opinar libremente, todas nuestras otras libertades decaen irremisiblemente. Por ello, por ejemplo, nos oponemos a las leyes de control y filtrado de Internet que buscan hacer de la red de redes una gran "intranet" en países como China. También condenamos el intervencionismo del gobierno ruso, que ha llevado al exilio a Pavel Durov, fundador de la red social VK y de la mensajería instantánea Telegram (muy recomendable, por cierto, frente a sus competidoras por su usabilidad y confidencialidad). El mes pasado, en España, vimos con desagrado cómo el Tribunal Constitucional establecía doctrina censora respecto al llamado ultraje a la bandera, abriendo una caja de Pandora de infinitas ramificaciones. Y estos días, el bloqueo de Internet por el régimen de Uganda en vísperas de su proceso electoral nos ha recordado que en todo el mundo sigue habiendo aún muchísima censura. Tres periodistas independientes de Vietnam acaban de ser condenados a penas de más de diez años por informar en sobre lo que el régimen comunista quiere ocultar.
El común denominador de todos estos ejemplos es que ejerce la censura quien puede hacerlo: el Estado. Las constituciones de los países libres prohíben esa censura y, por ejemplo, exigen que solamente por orden judicial pueda secuestrarse una publicación. Las empresas privadas no pueden censurar, porque la censura es, por su propia naturaleza, general. Cuando se censura un libro, un artículo, una ideología o una religión, o las opiniones de un personaje político o social, es el Estado quien impide su difusión de manera total y persigue a cuantos incumplen su orden. Por el contrario, si este periódico decide no publicar este artículo o cualquier otro, o prescindir de este articulista o de cualquier otro, estará ejerciendo su libertad de empresa. No será censura, porque su decisión no obliga al resto de empresas ni se impone a la ciudadanía. Por eso es tan importante que los medios de comunicación sean privados. Un medio de comunicación regentado por el Estado, sobre todo en los países donde hay monopolio estatal de los medios, constituye un aberrante abuso de poder, pues da a los gobernantes el control de lo que se dice sobre ellos. La gran cuestión suscitada estos días es si las plataformas de red social son medios de comunicación, con la consiguiente libertad editorial que ello implica, o son un tipo distinto de empresas que, por algún motivo, deben ver recortada esa libertad y su derecho de admisión. A raíz del bloqueo a Trump, sorprende que algunas personas defensoras del capitalismo carguen contra las redes por "censurar", y he leído delirios como asimilar el servicio de Twitter al de un operador telefónico.
Creo que es necesario poner un poco de sentido común en todo este debate. Una cosa son las comunicaciones privadas (amparadas por el derecho a su secreto) que mantenemos por teléfono o por cualquier otro cauce, y otra es nuestra participación, normalmente pública y visible, en las diversas plataformas de red social. Una cosa es la censura del Estado, que obliga a todos, y otra es la selección de la admisión y mantenimiento de usuarios por parte de cualquier empresa privada. A mi juicio, la libertad editorial debe garantizarse a todas las empresas, no sólo a los medios de comunicación convencionales, máxime en una época en la que todo el mundo publica sus propios medios no convencionales, tanto corporativos como particulares. Quien tiene un blog es libre de publicar o no los comentarios y réplicas que recibe, y los artículos de otros autores, o expulsar a un autor o comentarista. Quien tiene una red social, mil veces más grande que un blog colectivo, también tiene ese derecho. En las diversas redes sociales, todos podemos vetar en nuestro "muro" o "timeline" a quienes no queremos que nos lean y comenten. Los indignados por el cierre de las cuentas de Trump exageran y agreden la libertad de empresa.
Las plataformas han cometido el error de creerse (y pretenderse) universales. Ni lo son ni tienen por qué serlo. Son empresas normales, sujetas a la competencia. Debieron tener quizá normas de uso más claras, y actuar antes, y hacerlo de una forma más ecuánime respecto a muchos otros usuarios iguales o peores, pero todo ello forma parte de su ejecutoria empresarial, que los consumidores premiarán o castigarán en el mercado. La red que debe ser neutral (sobre todo por su conexión con el Estado) es la red básica, técnica, de soporte físico de las comunicaciones. Los millones de empresas y particulares que operan en ella deben ser enteramente libres. Y lo sucedido revela cómo los supuestos monopolios privados no son tales, y su predominio es siempre temporal (¿Se acuerdan de Tuenti o de Myspace?) Iremos hacia un entorno de redes plural. Unas tendrán un sesgo más marcado, el que sea, y otras ninguno. La gente escogerá dónde estar y dónde no. Y pronto habrá redes sociales distribuidas, basadas en la tecnología blockchain e incontrolables desde fuera. Entre tanto, que las empresas actúen y los consumidores escojan.
