Durante las últimas décadas, en España siempre ha habido una tensión considerable entre los partidarios y los detractores de la sanidad privada. Pero ha sido una lucha desigual. Mientras los primeros se limitaban a reivindicar su derecho elemental a acudir a médicos y hospitales particulares, los enemigos de la sanidad privada han intentado desacreditarla y preparar el terreno para su nacionalización. Hay que recordar que unos diez millones de españoles optan por la privada, y que lo hacen en las peores condiciones fiscales imaginables, porque no se desgravan el gasto y deben pagar doblemente: pagan la pública mediante sus impuestos y pagan la privada de forma directa. De nada les sirve a los émulos de Lenin que la medicina privada descongestione el sistema público, generalmente saturado y sometido a largas listas de espera. Tampoco les reconforta el inmenso ahorro que producen todos esos usarios al pagar la pública sin consumir sus servicios. Ellos siguen explotando la emoción por excelencia del socialismo: la envidia.
Al inicio de la actual pandemia, el socio minoritario del gobierno de coalición arremetió contra la sanidad privada y puso sobre la mesa de debate su posible nacionalización. Casi un año más tarde, parecen haberse sosegado las aguas, pero el sector podemita del Ejecutivo sigue teniendo en la medicina no estatal su trofeo de caza más anhelado. Por ejemplo, se le quiere retirar a los funcionarios el acceso a la sanidad privada. Es cierto que ese acceso constituye un agravio comparativo, pues esos ciudadanos no pagan su seguro privado y los otros ocho millones de usuarios sí tienen que afrontar cada mes ese recibo. Pero la solución no es destruir la sanidad privada, sino caminar hacia su universalidad. Hoy en día, un seguro médico cuesta de media menos de novecientos euros anuales, según el estudio sobre fiscalidad de la sanidad privada elaborado por el economista Óscar Timón y publicado por la Fundación para el Avance de la Libertad. Es decir, estamos hablando de apenas unos setenta y tantos euros al mes, de media. ¿Quién no puede permitirse ese gasto? Es más, ¿quién no se lo podría permitir tras bajarle drásticamente los impuestos que paga? Recordemos que el ciudadano medio español trabaja del 1 de enero al 30 de junio, aproximadamente, para pagar impuestos, tasas y cotizaciones. Es uno de los esfuerzos tributarios más duros de Europa. Y si la sanidad privada fuera desgravable, la cantidad de ciudadanos incapaces de costearse un seguro médico llegaría a ser ciertamente mínima. Aun así quedarían casos, que por supuesto habría que atender porque se trata de un servicio esencial que debe ser universal. Pero universal no significa estatal.
La manera de resolver la cuestión es sencilla. La universalidad se garantiza mediante un cheque sanitario para todas las personas cuyo nivel de renta sea inferior a una cantidad determinada. Ese cheque, por importe del precio medio de mercado de un seguro médico completo, se entregaría a todas las personas con ese nivel de renta, y lo canjearían en la aseguradora médica de su elección. Así, como mínimo, ya verían reconocido un derecho fundamental que hoy no tienen: el derecho a elegir. Y ya se sentirían clientes del sector sanitario, no sujetos pasivos del mismo. Tendrían la fuerza de poder cambiarse a otra empresa de seguros médicos si no les gusta el trato de la inicialmente escogida. Obviamente, la competencia entre seguros médicos se incrementaría, y también entre profesionales y entre grupos hospitalarios, clínicas y otros establecimientos. Y de la competencia nace la excelencia. En el sistema público, donde no hay competencia y sí una fuerte sindicalización, lo que vemos no es precisamente excelente. Las "mareas" blancas de funcionarios de la sanidad siempre dirán que velan por el interés del paciente, pero en realidad son un lobby que persigue su propio interés. Existen enormes intereses creados en torno a la sanidad pública, y se nos machaca constantemente con el mantra de "la mejor sanidad del mundo", pero lo cierto es que nuestra sanidad pública adolece de vicios y carencias que no se resolverán mientras siga gestionada por las administraciones públicas, esto es, con criterios políticos y funcionariales ajenos al sistema de incentivos de una economía libre. La salud es demasiado importante para dejarla en manos del Estado.
La pandemia ha demostrado la superioridad de los sistemas sanitarios con mayor presencia de la iniciativa privada y de la consiguiente competencia, como Taiwán o Corea del Sur. Precisamente porque la salud es un servicio absolutamente esencial, sus consumidores deben ser libres de escoger. Deben tener opciones y alternativas al alcance de la mano, bien sea pagando directamente su seguro o canjeando el cheque sanitario. Tan crucial como la salud es, por ejemplo, la alimentación, y no por ello son estatales los supermercados ni son funcionarios sus empleados, aunque seguramente a Pablo Iglesias le encantaría. Es importante defender la sanidad privada y promover su extensión a toda la ciudadanía mediante un mecanismo tan transparente como es el cheque canjeable. Lamentablemente, todos los partidos con representación parlamentaria están en contra. Todos sin excepción. Pero de la sociedad civil puede nacer un clamor que cambie esa situación y nos proporcione un sistema sanitario más moderno y eficiente, un sistema plenamente privado donde se garantice el acceso universal a todos los niveles de renta. Ya es hora de que los ciudadanos exijamos nuestro cheque sanitario.
