El nuevo invento del Partido Socialista para no abordar realmente la implantación de un marco federal en España es la bobada esa del “multinivel”. Parece una broma de mal gusto, porque ese mismo término se ha empleado siempre para referirse a un tipo espurio de marketing, rallano en la estafa. Un sistema en el que los recién llegados pagan fundamentalmente para retribuir a los más antiguos. Vamos, lo que toda la vida se ha conocido como un esquema Ponzi, llevando a la cárcel al célebre financiero Madoff pero dejando incomprensiblemente impunes a los gobernantes que mantienen sistemas de pensiones “de reparto”, como el nuestro. Quien haya elegido la palabreja “multinivel” no ha estado nada acertado, porque la impresión que transmite es la de un timo. Y así es. De lo que se trata es, en realidad, del enésimo parche al pseudofederalismo implantado a regañadientes en los ochenta. Es un nuevo intento de tapar con dinero las grietas políticas de un modelo territorial agotado. Estamos en lo de siempre, no hay nada nuevo bajo el sol.
No podemos (ni debemos) ser un país “multinivel” si lo que se quiere decir con ello es un Estado con diversos grados de devolución territorial del poder. Cuando se da más autogobierno a las comunidades no forales, incluida Cataluña, las forales exigen más para mantener la diferencia. Cuando se transfiere demasiado a las llamadas históricas, las demás exigen lo mismo. Y cuando se habla de barra libre, varias de las “normales” ponen el grito en el cielo porque interpretan que se les va a dar menos dinero de los contribuyentes del resto de España. Nuestro sistema cuasifederal de la Transición lo torpedeó Andalucía con un referéndum convocado por su cuenta (pero sin que protestara el gobierno central), para exigir el mismo grado de autogobierno que Cataluña, Galicia y Euskadi. Esa fue la primera disrupción del sistema que diferenciaba a estas tres comunidades del resto. Después, durante cuatro décadas, la evolución de las diecisiete comunidades, más Ceuta y Melilla, ha llevado a una realidad actual en la que ya no se puede hablar de históricas y no históricas, ni de las primeras más Andalucía, ni de forales o no forales: lo que hay actualmente son diecinueve grados distintos de autogobierno. El multinivel ya existe, no hacía falta que lo inventara Pedro Sánchez. Pero, si el multinivel es lo actual, ¿cómo va a servir de remedio a los diversos problemas de encaje territorial? Es un concepto que nace muerto. Es otro balón de oxígeno para mantener con vida un sistema superado por la realidad. Lo que España necesita, si quiere conjurar de verdad los problemas a los que se enfrenta, es recuperar la senda de la primera Transición y agarrar el toro por los cuernos. España debe ser un país federal, y muy probablemente el más federal de toda Europa. Es lo que exige su diversidad. Los nacionalistas unionistas cometen un grave error proponiendo en cambio la disolución de las comunidades autónomas a estas alturas y la conducción de todas desde Madrid. Eso provocaría sin duda la ruptura que precisamente ellos tanto temen. Deberían ser los primeros en comprender que, si aún queda un sistema capaz de mantener la unidad formal y simbólica que tanto les mueve, ese sistema es, como en el caso belga, el federal.
Una España federal debería ser puntera a nivel mundial en la profundidad del autogobierno de los territorios. Se superarían las etiquetas “foral” e “histórica” con un techo competencial de máximos para todos los entes federados, y no sólo en comparación con los techos ya obtenidos sino con los existentes en otras latitudes. El autogobierno de nuestras comunidades debería inspirarse en modelos como el de las finlandesas Islas Aland, el de flamencos y valones en Bélgica, las prerrogativas de los cantones suizos, etcétera. E incluso podría aportar al Derecho comparado innovaciones que señalaran el camino al encaje en otros lugares del mundo, contribuyendo a la resolución federalista de todo tipo de desencuentros territoriales. Podríamos por una vez estar en la vanguardia en vez de ir a la zaga.
Este debate no es nuevo. Ya en 1873, Emilio Castelar redactó la que, con toda probabilidad, habría sido la mejor constitución de España. No había eufemismos. Los estados federados se llamaban estados y no “comunidades”, y a los ministros de esos estados no se les llamaría la bobada esa de “consejeros”. En Alemania, por cierto, se llaman ministros. De todo lo que vino después, cuánto nos habríamos evitado. Pero el ejército no lo permitió, y Pavía terminó entrando a caballo en el Congreso con la Guardia Civil. Y tuvimos, en cambio, la restauración borbónica. Si es cierto que toda crisis es una oportunidad, hoy tenemos de nuevo la opción de hacer de España un país plenamente federal donde la mayor autonomía del mundo, no el federalismo cicatero del PSOE, actúe como vacuna frente a las aventuras unilaterales.
