El Gobierno ha anunciado que ya está realizando las tramitaciones legales para imponer el aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a partir del mes que viene. Es la medida estrella del ejecutivo PSOE-Unidas Podemos para recuperar apoyo popular al iniciarse el nuevo curso político. Contra lo que puede parecer a simple vista, es una medida injusta e insolidaria. Lo es porque aumenta la brecha de la dualidad real (trabajar o no trabajar) en un mercado laboral particularmente rígido e intervenido. Un salario no se diferencia en nada de cualquier otro precio. Es el precio del servicio que alguien presta a una empresa, por más que sea a domicilio, en exclusiva y con los “medios de producción” de ésta. ¿De verdad importa hoy de quién sea en ordenador o los otros “medios” que utilice el empleado? Si se establece un precio mínimo para un prodcuto o servicio, automáticamente se expulsa y se desecha todo lo que tiene o podría tener un precio menor. Con el trabajo no sucede por arte de magia algo diferente. El problema de las recetas intervencionistas en la economía es que sus ramificaciones, generalmente no consideradas, generan muchos más problemas de los que resuelven, pero en este caso no hace falta ser un lince. Los gobernantes socialistas saben perfectamente que esta medida es un error inmenso, pero optan por inundarnos de buenas palabras para hacer populismo. No tienen el menor reparo en expulsar y desechar personas, trabajadores. Al hacerlo, condenan a infinidad de seres humanos al paro y a los interminables, absurdos y estériles cursillos del INEM. En el país con más desempleo de la Unión Europea (sobre todo juvenil), esto es, sencillamente, un crimen.
España necesita con urgencia liberalizar su mercado de trabajo. Acabamos de ver cómo el gobierno ha hundido a todo un sector, el del reparto a domicilio, con la infame ley “rider” que incluso ha expulsado al total de trabajadores organizados a través de una de las aplicaciones, porque se ha tenido que marchar de España. Precisamente es en el autoempleo donde puede encontrarse una de las claves para reducir sustancialmente el paro, y en especial el juvenil. En ese segmento, el autoempleo es generalmente menos precario y más duradero que el empleo por cuenta ajena, pero se ve gravemente obstaculizado por el Estado. Durante décadas, los “agentes sociales” han hecho todo lo posible por entorpecer las microempresas y la actividad económica individual. El Estado recela de los autónomos y les pone las condiciones más duras del continente para iniciar y mantener su actividad. Es sencillamente vergonzoso. Pero con un salario mínimo tan elevado que excluye a millones, el autoempleo va a terminar por ser la única opción para mucha gente. Lo increíble es que, mientras se eleva el listón de la exigencia salarial en los empleos por cuenta ajena, se mantenga a la vez la rigidez, la burocracia y el sobrecoste artificial en el caso de los autónomos. Es decir, a los primeros se les penaliza haciéndoles difíciles de contratar, exigiendo a sus posibles empleadores un esfuerzo difícil de compensar con la producción de los trabajadores; y a los segundos se les obliga a vender sus servicios a tantos clientes, o a tan alto precio, como para justificar la elevada cuota. Parece que al gobierno los únicos trabajadores que le gustan son los que ya trabajaron y cobran pensión, los que no trabajan y cobran el paro, o los que trabajan directamente para él. En los tres casos se trata de personas cien por cien dependientes del Estado, tal como anhela la izquierda. Al paso que vamos, con unos requisitos regulatorios prácticamente imposibles para emprender y con las mencionadas trabas al empleo y al autoempleo, estamos abocados a una actividad económica cada vez más organizada y ejercida directamente por las administraciones públicas. No en vano, también hemos asistido recientemente a la mayor oferta de empleo público de la historia. La pregunta es quiénes (qué contribuyentes, que empresas, qué agentes realmente productivos en la economía) van a costear todo ese nuevo e inmenso contingente de trabajadores estatales.
Es urgente un cambio de rumbo en la política económica y laboral española, pero no podemos tener la menor esperanza de que vaya a producirse. La izquierda moderada está condicionada por la radical, y la derecha moderada, que debería ser mucho más liberal en lo económico, está asustada por el avance de la extrema derecha. Ésta, como en toda Europa, es ultraconservadora en materia moral y de derechos y libertades, pero luego es bastante socialista en lo económico. De hecho, por primera vez en medio siglo ha vuelto a montar un sindicato propio, con el obrerismo que caracterizó en su día a la Falange, formación cuya ideología delirante, y extraordinariamente intervencionista, inspira hoy a muchos de los actuales dirigentes de Vox. No parece que ese partido vaya a ser beligerante contra la subida del SMI, ni que el PP vaya a posicionarse frontalmente en contra de una medida que se entiende (mal, muy mal) como social, solidaria y favorecedora de los más vulnerables. No lo es, pero casi nadie se atreve a decirlo.
