Opinión

LA INFANTA

La pasada semana, una vez más (ya no Nóos sorprende pero no por ello deja de apenarnos), nos hemos encontrado con otra noticia de esas que convierten a España y a todos los españoles en protagonistas de este ‘’Sálvame’’, de puro y auténtico Deluxe.

Una hija del rey de España, y por lo tanto de todos los españoles, ha sido imputada por el juez Castro, por blanqueo de capitales y fraude fiscal. Defraudar y blanquear capitales es engañar a Hacienda y por lo tanto a todos los españoles. El engaño, al tratarse de capitales públicos, se multiplica.


El Gobierno actual, durante toda su legislatura lleva acometiendo reformas y recortes que han hecho que todos los españoles nos hayamos tenido que apretar el cinturón, adelgazando tanto, que podemos pasar por modelos de la anorexia.

Todos los españoles hemos cedido de nuestros ingresos una respetable parte para ayudar a reactivar la economía y sobre todo para costear los errores del anterior y grandilocuente Gobierno de Rodríguez Zapatero. Hemos ¿aceptado? por amor y responsabilidad hacia nuestro querido país, esta heroica gesta, sin poner ninguna traba social.


Y ahora y con esta nueva noticia todos los españoles tenemos de nuevo la constatación de que la crisis no solamente era por culpa del ladrillo. Las clases dirigentes, la clase política y ahora los miembros de la Casa Real, forman parte de esta cuenta de explotación negativa, como una partida de gasto insoportable para todos los españoles.


¿Dónde está el límite? ¿Cuándo podremos cerrar definitivamente este ejercicio contable que no para de crecer en el gasto? ¿Cuándo sabremos los motivos por los cuales los que son capaces de llegar al poder, se apropian del dinero de todos los españoles? ¿Por qué no podemos los clientes, que somos todos los españoles, recuperar el dinero que nos han quitado? ¿Dónde están ahora los tribunales europeos que con tanta intensidad intervienen para otras causas no económicas? ¿Dónde está el Defensor del Pueblo de todos los españoles? ¿El amor y la fe son justificantes lo suficientemente importantes para defraudar a todos los españoles? ¿Podríamos aplicar la reforma laboral (en un juzgado muy social) para despedir a un miembro de la Casa Real por causas objetivas? ¿Nóos atreveríamos?


Muchas preguntas y ninguna respuesta. No las necesitamos, pero sí recuperar el dinero de todos los españoles y ¿por qué no?, con los mismos intereses que abonamos a los alemanes por la deuda que nunca terminaremos de pagar.

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