La actualidad más candente anda estos días en torno a la implantación de tasas por acudir a la justicia, que en realidad implica eliminar las opciones de cualquier acción judicial para gran parte de la población, desde recurrir multas de tráfico a reclamar una indemnización por lesiones en un accidente de automóvil. La retahíla de desatinos es tan larga y sangrante que, aparte del propio ministro y tal vez alguno de sus colaboradores más próximos -por razones obvias- nadie se ha atrevido no ya a apoyar la gravosa idea del titular de Justicia, sino entenderla.
Por el contrario, en el más difícil todavía, ha conseguido la unidad de todos los que tienen algo que ver con la judicatura, jueces, secretarios, funcionarios, abogados, procuradores... y hasta al presidente de la Xunta en funciones, que ha venido a decir que ha faltado sentidiño. Junto a ellos, millones de ciudadanos, conscientes del daño que se causa a la igualdad de oportunidades para acceder a un servicio público, piedra angular del sistema democrático. ¿Y por qué? Cualquiera sabe. Hay quienes no descartan que pensase que una genialidad suya podía desatacascar el sistema judicial, aunque en realidad es el reconocimiento implícito de la impotencia para lograr solución alguna.
Es como retirar los vehículos de la carretera para eliminar los accidentes de tráfico. La fórmula sería infalible, pero a costa de bloquear el país. Lo de las tasas es parecido: reducirá el colapso en la justicia, pero a base de consagrar una gran injusticia. Para este viaje se excusaban tantas alforjas. He aquí un fiscal sin idea de lo que trae entre manos. Y pensar que hubo gente en el PP y fuera de él, que le creyó alternativa a Rajoy. Líbrennos todas las divinidades de tal eventualidad, que éste acaba cobrando por votar.
