Las tres oposiciones más difíciles de superar en España son las de notario-registrador de la propiedad, la de juez, y la de abogado del Estado. El abogado del Estado tiene un solo cliente: la Administración, y en nombre de ella pleitea contra particulares o colectivos, o se defiende de ellos. El abogado del Estado defiende siempre los intereses de la Administración, porque se supone que la Administración vela por el interés de la generalidad de los españoles. ¿Y podría su cliente, o sea el gobierno de turno, pedirle un dictamen que fuera en contra del marco de las leyes? Bueno, en teoría podría, y la Abogacía del Estado también estaría en condiciones de advertirlo, pero esos informes no son vinculantes. Ahí tienes a los letrados de los parlamentos autonómicos nacionalistas, que informan al presidente del Parlamento correspondiente de que lo que van a hacer está fuera de la ley, y los nacionalistas se pasan el dictamen por el arco del triunfo secesionista y hacen lo que les parece. ¿Y la deontología de un abogado del Estado, le permitiría firmar un escrito en el que claramente vea que se vulneran principios del Código Penal o de la Constitución? Esta es la pregunta que nos planteamos ante el encaje de bolillos que se les pide a estos profesionales, doctos en leyes, muy preparados jurídicamente, con una nómina anual entre 60.000 y 80.000 euros anuales, y a los que las empresas privadas suelen fichar con el atractivo de triplicarles o cuadriplicarles los ingresos.
Y parece que la respuesta la vamos a tener muy pronto sobre lo que recomienden que se haga a partir de la sentencia del Tribunal Europeo. En realidad, de ese informe depende que el preso condenado a 13 años consienta en que Pedro Sánchez forme o no gobierno. Y el cliente de la Abogacía del Estado es el Gobierno. Si la obediencia al cliente es perruna, hasta es posible que soliciten la insólita excarcelación de un preso condenado por una sentencia del Supremo. De ahí la enorme expectación.
